La portavoz socialista critica que los precios de alquiler de las viviendas de Procasa resultan inaccesibles para los demandantes porque están a precio de mercado
La portavoz del PSOE, Mara Rodríguez, ha puesto sobre la mesa la “nula política de vivienda pública que está llevando a cabo el Ayuntamiento”, y ha sido especialmente dura con la situación de la empresa municipal Procasa, “que cuenta con unos alquileres inaccesibles para los casi 5.000 demandantes de vivienda, porque los precios de los alquileres sociales están a precio de mercado”, en clara referencia al aumento en el año 2020 de 350 a 600 euros para los alquileres una habitación, de 450 a 700 euros para dos habitaciones y de 500 a 800 euros para tres habitaciones o más. “Con esta política de precio al alza, Procasa pierde su carácter social y pasa a ser una mera agencia inmobiliaria, algo muy criticado por el alcalde en referencia al anterior equipo de gobierno pero que es exactamente lo mismo que está haciendo él”, ha advertido la portavoz.
Además, Rodríguez, le ha pedido al alcalde “que trabaje y gestione para aumentar el parque público de vivienda” y ha aseverado que “si en seis años presume de construir 29 viviendas es que tiene muy poca altura de miras y ambición para cambiar la dinámica en la que estaba sumida esta ciudad y que sigue siendo la misma: poca vivienda social e impagos de alquileres por parte del Ayuntamiento”. En esta línea, Mara Rodríguez ha advertido que la política de vivienda del alcalde pasa por “abrazar lo privado en detrimento de lo público” y ha hecho alusión a que haya permitido la construcción de una promoción viviendas en el barrio de puntales que en su totalidad son de renta libre, “sin nada de VPO”; o la venta del solar municipal de la calle Cooperativa que irá también destinada en exclusiva a iniciativa privada abandonando lo público “en materias en las que el Ayuntamiento tiene mucho que decir”. “Hay que ser consecuente con los hechos, y la realidad es que la política de vivienda pública del Ayuntamiento deja mucho que desear”, ha destacado la portavoz, quien ha exigido también a la concejala de vivienda, Eva Tubio, más transparencia respecto a la vivienda pública para conocer cuántas hay exactamente, cuál es su ocupación y desde cuándo, así como la inversión prevista en esta área. “El control exhaustivo del parque municipal de vivienda es la única manera de ayudar tanto a los gaditanos que necesitan una vivienda, como para favorecer el retorno de aquellos que se fueron a localidades cercanas y no han tenido oportunidad de volver a su ciudad”, ha recordado la portavoz.
Para Mara Rodríguez, la política de vivienda en la ciudad debe llevarse a cabo impulsando medidas de ámbito municipal, que favorezcan la construcción de viviendas tanto de renta libre como de vivienda pública, en régimen de alquiler y propiedad, “y para conseguirlo es esencial recuperar aquellos solares o edificios en mal estado” tal y como preveía la ordenanza de 2016 para el uso de solares vacíos y edificaciones ruinosas, “que se vendió como la panacea pero la realidad es que han pasado cinco años y no se ha hecho nada básicamente porque no cuenta con presupuesto”. En concreto, la ordenanza implicaba la creación de un registro público de solares y edificaciones ruinosas; así como la regulación de un procedimiento de concurso del propietario que esté incumpliendo los deberes urbanísticos para que el Ayuntamiento pueda proceder a iniciar los trámites de la venta forzosa. “Hasta el momento no se ha creado el mencionado registro ni consta que el Consistorio haya iniciado de oficio ningún procedimiento de los establecidos en la ordenanza”, ha advertido la portavoz socialista.
Para finalizar, Mara Rodríguez ha destacado que para impulsar la política pública de vivienda real “y no lo que intentan hacernos creer desde el equipo de gobierno”, el primer paso es tener unos presupuestos para el año 2021 que avalen esas políticas como es dotar con suficientes fondos a las áreas competentes para poder expropiar solares; aumentar la partida destinada créditos reembolsables para que los propietarios puedan realizar mejoras en la vivienda a cambio de ponerlas a disposición municipal; e incrementar la partida de Asuntos Sociales destinada al alquiler justo promovido por Procasa “ porque al tener un presupuesto de 50.000 tan solo se podía asumir el incremento de las rentas de unas pocas viviendas al año teniendo en cuenta que el Ayuntamiento puede asumir hasta el 90% de la mensualidad”.