El vicepresidente de la Junta enmarca esta iniciativa en el apoyo y cercanía del Gobierno andaluz hacia un sector estratégico como el turismo
El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha considerado este jueves una iniciativa «con impacto positivo sobre la inversión y el empleo», el decreto ley aprobado el pasado martes en el Consejo de Gobierno que permitirá aumentar la edificabilidad de los establecimientos hoteleros de Andalucía.
Marín ha recordado que esta medida nace después de tener en cuenta las necesidades del sector hotelero y que podría tener un impacto económico, según las asociaciones empresariales, de 2.000 millones de inversión y 7.000 empleos en Andalucía.
«Se trata de una norma que ya se ha implantado en otras comunidades y que ha repercutido en la mejora de la competitividad del sector turístico, además de ser una herramienta más para impulsar la actividad económica. Esta medida se enmarca dentro de la convicción de este Gobierno en considerar al Turismo con un motor económico de nuestra comunidad», ha explicado en respuesta a una pregunta en el Pleno del Parlamento de Andalucía.
El consejero de Turismo ha planteado la necesidad de impulsar esta iniciativa debido a que la edad media de los establecimientos de la planta hotelera andaluza es elevada mientras que el número de alojamientos de alta categoría es muy bajo, por lo que precisan de obras de adaptación para ser más competitivos.
Además, una de las consecuencias de la pandemia es que la mayoría de instalaciones se han visto obligadas a hacer reformas para adaptarse y garantizar las nuevas normas de seguridad sanitaria derivadas del Covid-19.
El objetivo del decreto ley es «mejorar la calidad de los establecimientos turísticos en suelo urbano para que sean más competitivos», ha apuntado.
Así, con carácter general, se permitirá incrementar hasta un 15% la edificabilidad y la ocupación en las parcelas donde exista un establecimiento turístico. En determinados supuestos, este porcentaje podrá alcanzar el 20% para incentivar actuaciones de recalificación que permita a los establecimientos adaptarse a las categorías superiores, y siempre que se modifique el planeamiento urbanístico correspondiente.