El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido «cautela» respecto a la investigación sobre beneficios penitenciarios de trabajadores en la cárcel de El Puerto de Santa María (Cádiz), que deja por el momento cinco detenidos, pero sí ha afirmado que, «de ser ciertos los hechos», habrá «tolerancia cero».
En declaraciones a los medios ofrecidas este jueves, tras presidir en Vilaboa (Pontevedra) los premios Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, ha recordado que las investigaciones están judicializadas, por lo que hay que ser «cautelosos».
Con todo, ha explicado que desde el momento en que Instituciones Penitenciarias se tuvo conocimiento de estos posibles hechos, «se pusieron en conocimiento de la Guardia Civil, y ha habido una investigación judicializada que se ha desarrollado en el tiempo».
«Evidentemente, de concluirse y ser ciertos esos hechos, lo que está claro es que nosotros, contra cualquier tipo de corrupción en cualquier ámbito, nuestra tolerancia es cero», ha concluido.
BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA
La Guardia Civil, en colaboración con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, en el marco de la operación ‘Ergástulo’, detuvo este miércoles a cinco personas pertenecientes a un grupo delictivo supuestamente dedicado a facilitar beneficios penitenciarios a internos del Centro Penitenciario Puerto III en El Puerto de Santa María.
Según ha explicado la Guardia Civil, la operación se inició a finales de año 2022 a raíz de una denuncia presentada por la pareja sentimental de uno de los internos del Centro Penitenciario que manifestaba que su esposo había pedido un permiso penitenciario y que se encontraba pendiente de valoración, y que, aprovechando dicha circunstancia, otro preso le declaró que él podía ayudarle a través del personal que trabajaba para el Centro Penitenciario a cambio de una compensación económica.
Así, los agentes comenzaron una investigación para dar con la supuesta trama corrupta que de manera concertada se estarían lucrando a través de la venta del tercer grado y otros permisos.
Fruto de las investigaciones, los agentes pudieron determinar que los cabecillas de la trama eran dos trabajadores de la propia prisión quienes, aprovechando su posición, ejercerían influencia sobre otros trabajadores del centro penitenciario y obtenían información secreta o privilegiada que trasladaban a abogados y/o familiares de estos.
Asimismo, constataron que uno de los internos se dedicaba a captar a otros internos dispuestos a pagar por estos beneficios, así como a otra persona que llevaba a cabo en el exterior de la prisión las gestiones necesarias para convencer a familiares de los presos para que pagasen por obtener dichos beneficios penitenciarios.
A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de uso de secreto o información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, estafa y extorsión.