La formación naranja exige que no se modifique la Ley de Educación (LOMLOE) y se respete la libertad de elección de las familias
“Sánchez debería centrarse en apoyar un Pacto Nacional por la Educación y no en enfrentar a la educación pública con la concertada”, así lo ha dicho la diputada nacional de Ciudadanos, María del Carmen Martínez, tras informar sobre la Proposición no de Ley para la paralización de la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) y para la defensa del derecho a la libertad de elección de las familias en el ámbito de la educación.
Martínez ha advertido que la modificación propuesta por el partido socialista “supone una declaración de intenciones por parte del actual Gobierno de España en cuanto a su ausencia de voluntad por alcanzar un Pacto de Estado por la Educación”. “En este país dos partidos políticos han aprobado siete leyes educativas”, ha subrayado la parlamentaria “mientras que Ciudadanos propone una única Ley educativa de consenso, que permanezca y no cambie con cada Legislatura”. Además, ha incidido en que “garantizar la libertad de elección de modelo educativo a los padres y el derecho de los alumnos a estudiar en español en todas las Comunidades Autónomas” son dos de los acuerdos que propone Ciudadanos en la iniciativa presentada en el Congreso.
Por otro lado, Martínez ha informado sobre la respuesta recibida por parte del Gobierno a la pregunta planteada por la formación liberal respecto al supuesto delito de prevaricación administrativa en las obras del puente de la Constitución de 1812. Una respuesta que para la diputada “deja en evidencia la absoluta falta de transparencia del Gobierno” porque responden que, como la información solicitada en la iniciativa se refieren a la valoración de actuaciones de un Gobierno de una Legislatura anterior, versarían sobre materia ajena a la competencia del gobierno.
“Nos parece increíble que un Gobierno exponga este argumento para evitar facilitar información sobre si, por ejemplo, tienen previsto abrir una investigación, o los motivos que llevaron al Ministerio de Transporte a modificar el proyecto con el consecuente sobrecoste para las arcas públicas, entre otras cuestiones”, ha afirmado la diputada, quien ha recordado que es el propio fiscal jefe del Tribunal de Cuentas quien ve indicios de este posible delito de prevaricación administrativa, además de responsabilidad contable, por las irregularidades detectadas en los contratos de construcción del puente.