Justicia apuesta por la formación de agentes policiales, profesionales jurídicos y servicios de atención a las víctimas para detectar casos y apoyar a quienes sufren estos ataques
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Más del 80% de los delitos de odio permanecen ocultos porque el miedo a las represalias, la especial vulnerabilidad de los colectivos que suelen ser objeto de estos ataques y su desconfianza en las instituciones o el desconocimiento de cómo, cuándo y donde denunciar dificultan que salgan a la luz unas conductas que «no solo afectan a la persona en cuestión que las padecen sino que ponen en riesgo la convivencia pacífica», en palabras del director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros. Por ello, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local apuesta por la formación de agentes policiales, fiscales, jueces, abogados, profesionales de los servicios de atención a las víctimas y de asociaciones que trabajan con colectivos especialmente vulnerables para que sean capaces de detectar casos y apoyar a quienes sufren violencia física o verbal y discriminación por tener unas características que ni pueden ni quieren cambiar.
Como parte de esta formación, la Consejería que dirige Juan Marín ha organizado esta semana unas jornadas, con más de 210 participantes y conducidos por la fiscal delegada de delitos de odio de Málaga, María Teresa Verdugo, en las que expertos en la materia han abordado la misma desde un enfoque «multidisciplinar».
Este tipo de delitos se basan en el odio al diferente, en una «selección clara de la víctima» y en considerar «la violencia como el camino a seguir», según explicó durante las jornadas el inspector de Policía y director del Centro de Estudios e Iniciativas sobre Discriminación y Violencia (CEDIV), David Docal Gil, que analizó las características de los grupos urbanos violentos que en España las fuerzas de seguridad dividen por su «ideología radical». Manifestaciones, estadios de fútbol, conciertos de grupos «cuyas letras incitan al odio» y gimnasios donde «entrenan juntos artes marciales y diferentes formas de lucha» son los escenarios en los que actúan estos grupos, si bien «en la era de la información y las telecomunicaciones, se retroalimentan en las redes sociales».
El inspector alertó de que «cada vez más» detectan miembros «de más edad y de todas las clases sociales», para desterrar la idea de que se trata de un fenómeno exclusivo entre «chavales de 15 o 16 años» de entornos desfavorecidos y desestructurados. Gráficamente, Docal habló de integrantes de grupos radicales de hinchas de fútbol que «tienen su trabajo, incluso de funcionarios, son padres de familia y llega el día del partido y le dan un beso a su hijo y se van al campo», donde lanzan mensajes de odio y se ejerce la violencia física cada vez más en los alrededores porque «dentro de los estadios se ha controlado mucho».
Los coordinadores de los SAVA de Huelva y Sevilla, Fernando Moreno y Sandra Milán respectivamente; la letrada de la asociación Andalucía Acoge, que trabaja con el colectivo inmigrante, Elisa Pérez; y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del colegio de Abogados de Málaga, Rosario Alises Castillo -especializada en la atención al colectivo LGTBI- incidieron en la necesidad de formación especializada para conocer las particularidades de las personas que sufren este tipo de delitos.
El «miedo a represalias», «la baja autoestima» o vergüenza, la normalización de los ataques hasta no identificar que puedan ser un delito, la «desconfianza hacia las instituciones» y la Policía -sobre todo si proceden de países en los que ya han sido perseguidos y donde las fuerzas de seguridad son corruptas-, el desconocimiento de los recursos a los que pueden acudir y, en el caso de los inmigrantes, incluso las barreras idiomáticas y culturales están detrás de la infradenuncia de los delitos de odio, alertó la asesora jurídica de Andalucía Acoge.
Por ello, la información «accesible», la garantía de «confidencialidad» y ganarse su confianza son claves en la atención a estas víctimas, que debe atender «sus necesidades psicológicas, jurídicas y sociales ya que el daño emocional que padecen afectan a distintos ámbitos de su vida», apuntó Sandra Millán. Un daño que, más allá del castigo penal que corresponda, requiere una reparación para la que es preciso escuchar cómo siente la víctima que podría hacerse.
En este aspecto, la Consejería de Justicia ha puesto en marcha, en colaboración con Instituciones penitenciarias, proyectos piloto de Justicia restaurativa, al igual que está apostando por llevar los SAVA a toda Andalucía, y especialmente al medio rural, mediante equipos itinerantes para que todas las víctimas tengan acceso a asistencia vivan donde vivan y no solo en las capitales de provincia.
El análisis de los delitos de odio desde el punto de vista estrictamente jurídico corrió a cargo de la fiscal delegada de Málaga y del decano de los jueces de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, quienes abordaron también tipologías delictivas como el discurso del odio y la discriminación por razones de nacionalidad, raza, etnia, credo, ideología, género, orientación sexual, enfermedad o discapacidad. Varios de los ponentes destacaron además que la definición penal de los delitos de odio deja fuera a un colectivo que en no pocas casos es objeto de estas conductas como es el de las personas sin hogar (aporofobia).
Además de formar a los profesionales, los expertos subrayaron la importancia de educar desde pequeños en el respeto al diferente como vacuna contra los prejuicios que pueden desencadenar en odio, y también en identificar «los riesgos sociales» que están en la calle, en la música que escuchan nuestros jóvenes, en los cánticos que se corean en un estadio o en prendas de ropa que ocultan simbología nazi como los números 18 (Adolf Hitler por la primera y la octava letras del alfabeto), 88 (Heil Hitler), AHTR (Adolf Hitler tenía razón).