La parlamentaria andaluza Noelia Ruiz ha indicado que “el informe elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) deja en evidencia la razón que tenía la Junta cuando avisó que Andalucía sería una de las perjudicadas en el reparto del actual marco comunitario”. Esto se debe, ha argumentado la socialista, a que “la Comisión Europea (CE) dejándose guiar por los criterios y procedimientos establecidos procedió al reparto de fondos del nuevo marco basándose en indicadores económicos de tres años antes, sin considerar los efectos de la crisis”. Así pues, ha añadido que “esta situación ha tenido como consecuencia que el reparto no tenga en cuenta el impacto que ha tenido la crisis económica sobre las regiones europeas”.
Por todo ello, la Junta con la intención de proteger sus intereses “fue una de las regiones que alzó su voz ante el Gobierno central y la CE y consiguió que se introdujese al final de las negociaciones del Marco en el Consejo Europeo una cláusula de revisión que no existía hasta ese momento”. En este sentido, Ruiz ha dejado claro que “el reparto de esa cláusula es trabajo de la CE y del Gobierno de España ya que son ellos los que tienen que exponer los criterios de aplicación y establecer las cantidades que recibirá cada región, además, hay que matizar que el interlocutor legítimo con Europa es el Ejecutivo central”. No obstante, ha aseverado la parlamentaria del PSOE “el Gobierno de Susana Díaz está procediendo a mantener conversaciones con el Gobierno central para hacerles conocedores de la necesidad de que esta cláusula se aplique en el caso de Andalucía, ya que es justo recibir los Fondos Europeos que nos corresponden de manera justa”.
Por último, Ruiz ha argumentado que “Andalucía ha mantenido y lo sigue haciendo una gestión adecuada de los Fondos Europeos, eso es fácilmente demostrable ya que en el anterior marco 2007-2013 se alcanzó un nivel de ejecución de los mismos del 100%”. Sin embargo, ha concluido diciendo que “como ya es conocido la gestión del nuevo Marco Europeo 2014-2020 se ha iniciado con retraso, tal es así, que el Gobierno central a día de hoy no ha puesto en marcha todos los requisitos necesarios para comenzar a certificar”.