Ocho investigados por vender cannabis de forma ilícita en tiendas CBD de cinco municipios de Cádiz

La Guardia Civil interviene más de 71 kilos de cogollos y hachís y desmantela uno de los principales suministradores a nivel nacional

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido e investigado a ocho personas como presuntas responsables de establecimientos CBD shop en Conil de la Frontera, Chiclana, Barbate, Alcalá de los Gazules y Prado del Rey, acusadas de vender productos de cannabis y derivados con THC de manera ilícita, según informaron fuentes del instituto armado.

La operación, fruto de inspecciones fiscales y de control en estos locales abiertos al público, ha permitido intervenir 16,2 kilos de sumidades floridas de cannabis, 2,6 kilos de resina de hachís y numerosos productos alimenticios y vapers que contenían THC, con un valor aproximado de 47.000 euros.

Además, en Conil de la Frontera se localizó un almacén vinculado a uno de los principales proveedores de sustancias estupefacientes a nivel nacional, donde se incautaron 52,5 kilos de estupefacientes, contribuyendo a desmantelar una de las mayores empresas dedicadas a este tipo de ilícito en España.

Todos los productos incautados, independientemente del porcentaje de THC, están incluidos en la Lista I de la Convención Única de Naciones Unidas sobre estupefacientes, por lo que su venta sin autorización constituye un delito contra la salud pública.

Esta actuación se enmarca en la continuidad de operaciones recientes, como ‘Ice Shop’ en mayo y ‘Sumiflor’ en marzo, ambas en Cádiz capital, que ya habían derivado en la detención de cinco personas por la comercialización de cannabis y derivados.

Las inspecciones fueron realizadas por las Áreas de Investigación de Barbate, Conil, Chiclana y la PAFIF de El Puerto de Santa María, quienes constataron la falta de trazabilidad y procedencia de los productos, requisito obligatorio para cualquier mercancía destinada a la venta. Los productos intervenidos han sido remitidos a la Delegación Provincial de Sanidad Exterior de Cádiz para su análisis.

Los investigados podrían enfrentarse a penas por delito contra la salud pública, mientras que la Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance completo de la red y su distribución tanto en tiendas físicas como online.

Con esta operación, las autoridades buscan reforzar el control sobre la venta ilegal de cannabis en la provincia y evitar que los consumidores accedan a productos que puedan poner en riesgo la salud pública.