El concejal del Grupo Municipal Popular Juan José Ortiz ha criticado hoy el anuncio de licitación de reforma por parte de la Junta de Andalucía de la finca de Troilo, ya que “se trata de una actuación que pertenece al convenio suscrito entre comunidad autónoma y Ministerio de Fomento, al amparo del Plan Estatal de Vivienda, para el fomento del alquiler de viviendas y renovación y rehabilitación de edificios urbanos”. Es decir, se trata de un programa de “financiación estatal”, sin la cual, según el concejal popular, “la Junta demuestra una vez más que es incapaz de acometer y renovar sus políticas de mejora y rehabilitación del casco urbano de Cádiz”.
“El compromiso de rehabilitación integral del centro de la ciudad debía de estar finalizado en 2003, según los anuncios de la Junta, y acumulamos ya 4 años de retraso tras la finalización del último Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, que además, finalizó con apenas el 50 por ciento de los objetivos previstos cumplidos”.
Según el también coordinador de Vivienda y Ordenación del territorio del PP provincial de Cádiz, “los andaluces y gaditanos llevamos 5 años de retraso de políticas de vivienda en los peores momentos de crisis inmobiliaria y de necesidad habitacional, y ahora se pretende compensar dicha incapacidad con el anuncio de esta actuación que, sin la financiación y ayuda estatal del Ministerio, demuestran que sería imposible su puesta en marcha”.
Ortiz recuerda incluso las críticas recibidas al Gobierno Andaluz por parte del Defensor del Pueblo, desde 2014, por el retraso en la puesta en marcha del nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Suelo que debería haber estado operativo en 2013 sin el cual “muchos gaditanos y andaluces con necesidades se han quedado sin un techo”. “Este nuevo Plan tendría que haber entrado en vigor en 2013 y hasta la fecha no se ha publicado nada. Han abandonado a los gaditanos y a los andaluces durante estos cuatro años”.
Por último, el concejal popular recuerda las infraviviendas que abandonó y dejó de rehabilitar la Junta de Andalucía – 43 en total – “por su sectarismo con el Ayuntamiento de Cádiz” al excluirle en 1999 mediante Decreto la posibilidad de colaborar con la Junta de Andalucía. “Pueden empezar a trabajar con el Plan Municipal de Vivienda que dejó redactado el anterior Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento gaditano”.