El grupo municipal de Ciudadanos se ha pronunciado sobre las últimas declaraciones del equipo de gobierno relativas a la prórroga del servicio de limpieza viaria de la ciudad. El portavoz de la formación naranja se ha mostrado tajante y ha afirmado que “el criterio legal establece que una prórroga no prevista contractualmente constituye una adjudicación encubierta, que está expresamente prohibida por la Ley porque contraviene el principio de libre concurrencia”. En el caso del pliego de limpieza del Ayuntamiento de Cádiz, el plazo previsto es de 10 años, y se establece una prórroga contractual por una sola vez y por un año. El contrato regula, además, una prórroga forzosa que no podrá exceder de un año, una vez que se finalice el contrato y su prórroga contractual. “Con estos datos, podemos afirmar que no es cierto que el contrato permita un tercer año de prórroga”, ha explicado Pérez Dorao.
La Ley no contempla el supuesto de que, terminados los plazos contractuales incluidas las prórrogas, el servicio pueda seguir prestándose por la misma adjudicataria. “Resulta evidente la ineficacia de Podemos en la gestión, que nos ha llevado a una situación que ni siquiera está considerada legalmente”, ha afirmado.
En los pocos casos en que se ha dado esta situación, se ha tenido que acudir a la aplicación analógica de un precepto (el artículo 35.3 de la antigua Ley de Contrato) que está previsto para las declaraciones de nulidad administrativa de un contrato y que permite, cuando esto produce un grave trastorno a un servicio público, que se continúe aplicando el contrato declarado nulo hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio. “Esta es una medida excepcional y extraordinaria, que requiere necesariamente un informe técnico y un acuerdo de la Junta de Gobierno o decreto del alcalde para su puesta en marcha”, ha aseverado el portavoz.
El portavoz naranja ha advertido que “los gaditanos deben saber que existe la posibilidad de que la empresa obligada a continuar en el servicio reclame al Ayuntamiento cantidades económicas adicionales por los perjuicios que esto le pueda producir. Algo que pagaremos entre todos”
“El equipo de gobierno no tiene excusa. Hace dos años que venimos advirtiendo sobre la necesidad del nuevo pliego y alertando sobre las consecuencias negativas que pueden derivarse de su falta de gestión en este asunto”, ha afirmado.