Piden hasta tres años y medio de cárcel para tres trabajadores de Airbus Puerto Real por protestas en 2021
El juicio en Cádiz analiza la acusación de daños durante las movilizaciones contra el cierre de la planta; sindicatos y representantes políticos defienden a los acusados
El Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz celebra este miércoles 18 de junio el juicio contra tres trabajadores de Airbus en Puerto Real, a quienes la Fiscalía reclama hasta tres años y medio de prisión, una multa de 6.500 euros y más de 53.000 euros en indemnizaciones. Los cargos se derivan de un delito agravado de daños por los desperfectos y un incendio atribuidos a los disturbios ocurridos en abril de 2021 durante las protestas contra el cierre de la planta de Airbus en la localidad.
Juan Antonio Guerrero, secretario general de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla y miembro del comité de empresa de Airbus Puerto Real, calificó la acusación como «un atropello a la clase trabajadora» y destacó que las manifestaciones contaron con la participación de más de 800 personas defendiendo sus puestos de trabajo. Guerrero subrayó que los tres acusados —dos hombres y una mujer— no ocupaban cargos sindicales ni representativos en el comité, sino que son simples afiliados al sindicato y, según él, están siendo usados como “víctimas” de la represión legal.
Por su parte, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, acudió a los juzgados para apoyar a los trabajadores y calificó la petición de penas como «una auténtica barbaridad». García recordó que la protesta reunió a miles de personas, incluyendo a miembros de su formación política y a los entonces alcaldes de Cádiz y Puerto Real, José María González y Elena Amaya, respectivamente. Según García, este juicio se produce bajo un gobierno progresista y advirtió de la posible escalada represiva con futuros gobiernos más conservadores.
Durante su intervención, el portavoz de Adelante hizo hincapié en que no hubo daños personales durante la protesta y que los acusados y sus compañeros solo defendían el futuro industrial de la Bahía de Cádiz. Añadió que el cierre de la factoría supuso un golpe importante para la industria local, y que estos trabajadores están pagando “un marrón que no les toca”, pues “son inocentes y no delincuentes”.
El juicio examina la responsabilidad de los tres acusados por los daños a la vía pública y un incendio ocurridos en el marco de una movilización social contra el cierre de la planta Airbus en Puerto Real. La Fiscalía solicita, además de la pena privativa de libertad, una cuantiosa indemnización económica.
Este proceso judicial refleja la tensión que aún persiste en la comarca por el impacto del cierre de la planta, así como las controversias alrededor de la respuesta institucional y judicial a las protestas laborales que marcaron ese periodo.
