La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha acusado este miércoles a la representación procesal de la Junta de Andalucía de haber intentado «echarnos» de las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), proceso en el que ha indicado que ejercerán la acusación popular.
En una nota de audio remitida a los medios Martínez ha afirmado que «hoy hemos comprobado cómo el Gobierno andaluz ha querido echarnos del proceso judicial que se inició con una denuncia nuestra» y seguidamente ha recriminado tanto al Partido Popular como a la Junta de Andalucía «la actitud de puro matonismo».
La recriminación de Podemos por la petición de la letrada representante de la Administración autonómica se ha producido en el marco de la declaración de los interventores de la Junta José Antonio Rodríguez Cunill y a Joaquín Pavón Rendón, a quienes la titular de este juzgado, Rosa María García Jover, acordó el 21 de febrero citar en esta jornada en su calidad de testigos.
En este sentido ha instado al presidente andaluz y su gobierno a «que dejen trabajar sin injerencia a los interventores porque merecen respeto y autonomía en su trabajo».
«No lo han conseguido porque finalmente ejerceremos la acusación popular porque es nuestro derecho como denunciante», ha continuado argumentando al respecto.
La líder de Podemos Andalucía ha sostenido que este proceso judicial «hay varias evidencias», entre ellas, «que el Gobierno de Moreno Bonilla y el PP están muy nerviosos con el procedimiento judicial».
Ha sostenido Raquel Martínez que «los 235 millones de euros pueden ser solo la punta del iceberg», en referencia al montante de contratos que denunció Podemos Andalucía en el juzgado, antes de considerar, en un plano estrictamente de gestión, que «la otra evidencia es que la sanidad andaluza funciona mucho peor desde que gobierna el Partido Popular».
«No vamos a dar ni un paso atrás. Seguiremos en los tribunales y en las calles defendiendo la transparencia, la legalidad y el derecho de los andaluces a una gestión pública honesta y eficiente», ha sostenido la coordinadora de Podemos Andalucía.
