El Partido Popular ha presentado diez claúsulas que considera imprescindibles para que esta formación vote favorablemente en el consejo de administración de Eléctrica de Cádiz la creación del bono social eléctrico.
La primera consiste en que el procedimiento para gestionar y repartir las ayudas debe ir firmado por la Delegada de Servicios Sciales y el Director del Área de Servicios Sociales, sin injerencias de otras delegaciones o asesores.
En segundo lugar que el convenio a firmar con Fundación Electrica de Cádiz especifique claramente a quién correspondería el pago de los conceptos que no están incluidos en el bono social, en caso de que estos conceptos no pudieran ser sufragados por los titulares de los contratos de suministro eléctrico.
Tercero que el convenio refleje que los talleres de ahorro energético que se han puesto como condición para acceder al bono social sean impartidos por funcionarios municipales cualificados o empleados de Eléctrica de Cádiz, sin permitir que sean impartidos por asesores ni coordinadores de partidos ni asociaciones de ningún tipo.
La cuarta claúsula solicita que no se utilice la Fundación Electrica de Cádiz como chiringuito financiero para sortear la ley.Según afirman desde el Partido Popular la fundación haría de puente entre la suministradora y la comercializadora, recibiendo cantidades de la primera que haría entrega a la segunda. Los populares ponen como condición que estas cantidades sea n recibidas directamente por los servicios sociales del Ayuntamiento.
El quinto punto especifica que en el convenio debe establecerse de manera diáfana cada una de las partes intervinientes así como la responsabilidad jurídica y económica de las mismas, por lo que exigen que exista un informe favorable de la intervención municipal antes de suscribir el convenio.
En sexto lugar que el presupuesto para la financiación del bono ha de ser finalista, sin que exista la posibilidad de que este dinero acaba en cooperativas de energía eléctrica o asociaciones.
Como séptima condición que el convenio debe excluir expresamente que la comercializadora repercuta el coste del bono social entre el resto de sus clientes.
La ocatava claúsula solicita que el convenio contemple la creación de una comisión de seguimiento para el control de la puesta en marcha de los bonos participada por todos los grupos políticos y que se reúna trimestralmente al menos el primer año.
En noveno lugar que de manera paralela el Ayuntamiento lleve a cabo las gestiones ante el Gobierno para que Electrica de Cádiz pueda suministrar el bono estatal.
Y como décimo y último punto que el convenio establezca que este bono será sustituido por el bono estatal en cuanto este se ponga en marcha y las familias se puedan acoger al mismo.
El Equipo de Gobierno descarta asumir todas las propuestas
El Equipo de Gobierno celebra que el Partido Popular haya realizado propuestas para confeccionar un Bono Social Energético en Eléctrica de Cádiz después de que sus propios votos (junto a los de la eléctrica Endesa) tumbaran el proyecto consensuado, aunque lamenta que algunas de ellas sean contrarias a los informes legal y técnicos que acompañaban el documento. Tras el rechazo del PP, el Equipo de Gobierno ya ha dejado bien a las claras su deseo de volver a llevar al Consejo de Administración de la comercializadora eléctrica este bono social para tratar de alcanzar un acuerdo. Por ello, asegura que estudiará las propuestas de los populares y si no contravienen la normativa y “vienen a enriquecer el Bono estaremos encantados de aceptarlas, ya que el objetivo es mejorar las condiciones de esas 2.000 familias que se beneficiarían del mismo”.
Así, los responsables municipales se muestran dispuestos a aceptar propuestas que sean asumibles desde el punto de vista legal y práctico, siempre que respete el contenido de la propuesta de la Mesa contra la Pobreza Energética. El principal problema de estas propuestas de los populares es que “algunas están en contra de lo que propone tanto el informe de la Gerencia de Eléctrica de Cádiz como el informe jurídico externo que se encargó”. En ambos casos se concluye que para garantizar la legalidad se debería realizar el proceso a través de una fundación intermedia, algo que los populares se oponen a sabiendas de que lo contrario podría contravenir la ley, por lo que “no sería posible llevar a cabo el Bono Social sin emplear una fundación como intermediaria si queremos que sea costeado por la distribuidora que tiene 10 veces más beneficios que la comercializadora”.
Además, el equipo de Gobierno recuerda que “muchas propuestas que ha anunciado el PP ya las planteó el presidente de eléctrica de Cádiz, David Navarro, en el consejo del lunes de Eléctrica de Cádiz”.
Por otro lado, para el Ayuntamiento “no tiene sentido que el bono local tenga vigencia mientras no se pone en marcha el nacional”. “Si el Bono Social que ponga en marcha no se sabe cuándo el Gobierno central es más ambicioso que el gaditano, en cuanto a cobertura, renta o potencia que bonificara, se procederá a la revisión del de Eléctrica de Cádiz”, concluye el Equipo de Gobierno local. Y es que, “nada nos asegura que el reglamento del bono estatal que está elaborando el Gobierno cubra las necesidades de las familias vulnerables de Cádiz, contemple una bonificación sensata y con criterios de renta y vulnerabilidad”.