¿Prioridad nacional? ¿Y qué pasa con quienes no tienen ni un techo?

Hay decisiones políticas que dicen mucho más de un Gobierno que cualquier discurso. Basta con observar qué medidas toma y, sobre todo, quiénes terminan pagando sus consecuencias.

La decisión de la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, de no dar continuidad al programa de inserción social y laboral que gestionaban Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta es una de ellas.

Hablamos de un programa que ofrecía 315 plazas de alojamiento temporal en las ocho provincias andaluzas a personas sin hogar, facilitándoles un lugar donde vivir mientras buscaban empleo, se formaban y avanzaban hacia una mayor autonomía. Cuando se conoció la decisión, alrededor de 200 personas seguían alojadas en estas viviendas. La fecha prevista para la finalización del programa es el 20 de diciembre de 2026.

Detrás de esas cifras hay personas con historias diferentes, dificultades reales y un objetivo común: salir adelante.

Y la pregunta es inevitable: ¿qué alternativa ofrece el Gobierno andaluz a quienes pueden quedarse sin ese recurso?

Una coincidencia que exige explicaciones

La decisión llega después del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Andalucía, que incorpora el principio de «prioridad nacional» y contempla reducir, hasta su eliminación, determinadas ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a mejorar la calidad de vida de los andaluces.

La coincidencia temporal entre ambos hechos plantea interrogantes legítimos. Según los datos publicados por elDiario.es, las personas extranjeras representaban el 80 % de los usuarios de Inserta, más del 60 % de las personas atendidas por SAMU y el 45 % de los usuarios de Cruz Roja.

Conviene ser rigurosos: la Junta niega que la retirada del programa esté directamente relacionada con el pacto con Vox y sostiene que responde a cuestiones relativas al programa y a su financiación. Por tanto, no podemos presentar esa relación como un hecho demostrado.

Pero sí podemos exigir explicaciones. Si el programa no ofrecía los resultados esperados, que se publiquen las evaluaciones. Si existen problemas presupuestarios, que se detallen. Y si la Junta considera necesario cambiar el modelo, que explique qué alternativa ofrecerá a quienes todavía necesitan apoyo.

Lo que no puede hacer una Administración es retirar un recurso de esta importancia sin aclarar suficientemente qué ocurrirá con las personas que dependen de él.

La pobreza no tiene nacionalidad

Cuando se habla de «prioridad nacional», conviene recordar algo elemental: la necesidad de un techo no depende del pasaporte y la exclusión social no desaparece por establecer una jerarquía política entre personas.

Una persona migrante que duerme en la calle necesita una solución habitacional. Una persona española en la misma situación también. Ambas merecen una respuesta que tenga en cuenta sus circunstancias y les permita recuperar su autonomía.

Esto no significa que los recursos públicos sean ilimitados ni que cualquier programa deba mantenerse indefinidamente, con independencia de sus resultados. Significa que las ayudas deben evaluarse por su eficacia y por su capacidad para responder a las necesidades sociales, no convertir a unas personas vulnerables en rivales de otras.

Andalucía tiene problemas suficientemente importantes como para exigir soluciones: precariedad laboral, dificultades para acceder a una vivienda, salarios insuficientes y familias que no llegan a fin de mes. Nada de eso se resuelve señalando a quienes también sufren la pobreza o la exclusión.

Enfrentar a personas necesitadas entre sí no mejora la vida de ninguna. Tampoco lo hace presentar a quienes llegan de otros países como responsables de las dificultades de nuestras propias familias.

¿Cuánto cuesta dejar a alguien atrás?

A menudo, el debate sobre las ayudas públicas se centra en cuánto dinero se gasta. Sin embargo, pocas veces se analiza con la misma atención cuánto puede costar no prevenir la exclusión social.

Un programa de inserción no consiste únicamente en pagar una estancia en una vivienda. Puede ofrecer formación, acompañamiento, acceso al empleo y un proceso gradual hacia la autonomía personal.

Cuando ese proceso se interrumpe, existe el riesgo de perder parte del trabajo realizado. Si una persona vuelve a quedarse sin hogar, su situación puede agravarse y requerir nuevas intervenciones sociales y sanitarias.

Por eso, una política social no debe evaluarse únicamente por su gasto inmediato. También hay que estudiar sus resultados, el coste de las alternativas y las consecuencias de su desaparición para las personas afectadas.

Si el Gobierno andaluz considera que este programa ya no es necesario o que existen mecanismos mejores, tiene que demostrarlo. Y si pretende reorganizarlo, debe explicar cómo garantizará la continuidad de la atención.

La cuestión no puede quedarse en una discusión presupuestaria. La pregunta fundamental sigue siendo qué va a pasar con quienes todavía necesitan ese alojamiento para intentar reconstruir sus vidas.

Gobernar también es asumir responsabilidades

No escribo estas líneas para enfrentar a la población española con la población migrante, ni para defender que cualquier programa social deba mantenerse sin evaluar sus resultados.

Las administraciones tienen la obligación de revisar sus políticas, justificar el uso del dinero público y corregir aquello que no funciona. Precisamente por eso, cuando deciden suprimir un recurso destinado a personas en situación de vulnerabilidad, deben explicar los motivos, publicar la información necesaria y garantizar que nadie quede desprotegido durante la transición hacia otros recursos.

La Junta debe aclarar qué alternativas existen y cómo piensa atender a quienes pueden perder el apoyo que reciben. No basta con anunciar una decisión administrativa: hay que asumir sus consecuencias.

También debemos preguntarnos qué modelo de sociedad estamos construyendo cuando el debate sobre quién merece prioridad termina eclipsando una cuestión tan básica como el derecho a no vivir en la calle.

Una sociedad no soluciona sus problemas dando la espalda a quienes los sufren. Tampoco mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos permitiendo que la exclusión se convierta en una situación permanente.

La dignidad no debería depender de la procedencia de una persona. Debería ser un principio que guiara las decisiones públicas y que pudiera comprobarse en sus resultados.

Ante la retirada de este programa, hay una exigencia que debería estar por encima de las diferencias políticas: transparencia, explicaciones y soluciones para quienes pueden quedarse sin el recurso que les ayuda a salir adelante.

Porque, antes de discutir quién merece tener prioridad, conviene recordar que estamos hablando de personas. Y porque la verdadera prioridad de cualquier Gobierno debería ser que nadie se quede atrás por carecer de un hogar, de recursos o de oportunidades.

José María Rodríguez, miembro de la coordinadora local de Adelante El Puerto.