El Juzgado de Instrucción número 2 acuerda el procesamiento de Kichi por prevaricación administrativa junto a cuatro exresponsables municipales por la actuación de un asesor en el área de contratación entre 2018 y 2019.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha acordado seguir el procedimiento abreviado contra el exalcalde de la ciudad, José María González ‘Kichi’, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la actuación de un asesor en el área de contratación municipal entre abril de 2018 y abril de 2019.
El auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, incluye también como procesados al exconcejal de Personal, David Navarro; al exjefe de Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia; al entonces asesor de Alcaldía, José Ramón Páez; a la exconcejala delegada de Turismo, Laura Jiménez; y al propio asesor cuya contratación ha dado origen a la causa. El procedimiento se inició a raíz de una denuncia presentada por el sindicato CCOO.
Según recoge el juzgado, los investigados habrían actuado “de común acuerdo” para permitir que el asesor, que no tenía la condición de funcionario público, personal laboral ni eventual del Ayuntamiento, desarrollara funciones en el área de contratación bajo la consideración de personal eventual designado por el gobierno municipal.
El periodo analizado abarca del 18 de abril de 2018 al 14 de abril de 2019. Durante ese tiempo, según el auto, se habría producido una designación y atribución de funciones “sin sujeción a la legalidad” con el objetivo de conferirle facultades no previstas en el ordenamiento jurídico, desplazando las funciones propias de los funcionarios municipales.
El juzgado señala que al asesor se le facilitó un despacho en dependencias municipales, compartido con personal eventual y de plantilla. Además, indica que, bajo la cobertura de los investigados, tenía acceso a expedientes de contratación del Ayuntamiento de Cádiz y daba indicaciones a funcionarios de carrera que intervenían en esos procedimientos.
Entre los hechos detallados se incluyen correos electrónicos intercambiados con concejales, asesores y miembros de instituciones municipales en los que el asesor trasladaba indicaciones relativas a pliegos de contratación. En uno de los mensajes citados en el auto, dirigido a una funcionaria municipal sobre un pliego de recogida de residuos, le recordaba determinados aspectos y le trasladaba criterios de valoración.
El auto considera que existen indicios suficientes para atribuir a los procesados la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa, en coherencia con el informe emitido por el Ministerio Fiscal el 3 de junio de 2025. Entre los elementos valorados figuran informes policiales sobre el examen de correos electrónicos y declaraciones testificales practicadas durante la instrucción.
El procedimiento se encuentra ahora en fase de trámite de procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral o al sobreseimiento, según determine el órgano judicial.
En relación con esta causa, el exalcalde declaró el 24 de junio de 2024 ante el juzgado instructor. En esa comparecencia sostuvo que el equipo de gobierno actuó “con estricto cumplimiento de la legalidad” y afirmó que se tenía conocimiento de “lo que se podía y no se podía hacer”. Asimismo, aseguró que el asesor investigado “no dio órdenes” a los funcionarios municipales.
La causa se centra en determinar si la intervención del asesor en expedientes de contratación municipal se ajustó al marco legal o si, por el contrario, se produjeron resoluciones o actuaciones administrativas arbitrarias a sabiendas de su ilegalidad, como exige el tipo penal de prevaricación administrativa.
El procesamiento de Kichi por prevaricación administrativa supone un nuevo paso judicial en un caso que afecta a la gestión del anterior equipo de gobierno municipal y que podría desembocar en la celebración de un juicio si la causa continúa adelante.
