Los tres diputados por la provincia de Cádiz, Salvador de la Encina, Miriam Alconchel, y Juan Carlos Campo, han registrado una iniciativa en el Congreso en la que reclaman celeridad al Gobierno a la hora de acometer un plan de intervención en el litoral fuertemente azotado por los temporales y vientos huracanados de la provincia de Cádiz y también de Huelva.
Junto a ello, los diputados socialistas se hacen eco de la moción aprobada en el pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María que ha solicitado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, con aplicación de las medidas previstas en el artículo 24 de la ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Entre las medidas que figuran en la citada norma se deberán contemplar: ayudas directas por los daños personales sufridos y los materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe; ayudas específicas para hacer frente a la reconstrucción, rehabilitación o reparación de locales y viviendas siniestradas; subvenciones para la reparación de los daños ocasionados en la red viaria, en paseos marítimos, playas e infraestructuras municipales y otras de titularidad pública; atribución de la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia a los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos servicios, así como a las obras de reposición de bienes perjudicados por la catástrofe, específicamente las relativas a la reconstrucción de obras pública que afecten a la seguridad de las personas.
La Ley también ampara la permisividad para que las entidades locales puedan destinar a reparación de daños y obras de emergencia y de reposición en infraestructuras públicas los superávits presupuestarios disponibles, sin que ello afecte al remanente destinado a las obras de sostenibilidad. Los tres diputados socialistas esperan que “este punto no genere controversia alguna ni dilación, pues precisamente enlaza con la reivindicación que viene realizando el PSOE en torno al superávit en los ayuntamientos y que ha sido atendida por el Ministerio de Hacienda”.
La misma Ley de Protección Civil que los diputados socialistas piden aplicar a municipios gravemente afectados por el temporal como el de El Puerto de Santa María implica indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas en su caso; beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades afectadas; Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social; el establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como consecuencia de los siniestros; la concesión de anticipos directamente por la Administración General del Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por causa de esta catástrofe y la habilitación de los créditos extraordinarios necesarios para dar cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas.
La iniciativa socialista tiene un alcance mayor pues no se queda solo en la petición de declaración de zona de emergencia, sino que también reclama al Ejecutivo de Rajoy que ejecute de forma definitiva un Plan de Protección del Litoral de la provincia de Cádiz y acelere al máximo su tramitación para evitar, en lo posible, una situación que se repite todos los inviernos y que cada año va a más y produce más destrozos, causando graves pérdidas al sector turístico empresarial de Cádiz.
Por todo ello, De la Encina, Alconchel y Campo piden al Gobierno ejecutar un Plan de estabilización y defensa del conjunto de playas de la provincia de Cádiz, para evitar definitivamente la pérdida de arena que de forma sistemática vienen sufriendo determinadas zonas de nuestro litoral.
Y en última instancia, instan a incrementar notablemente las inversiones presupuestarias destinadas en la provincia de Cádiz por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que tiene entre sus competencias la protección del frente litoral y la reparación de la costa por los efectos de los temporales. En este sentido, recuerdan en la exposición de motivos que “nadie puede evitar la violencia de un temporal como el sufrido, pero si se actuase con planificación y contundencia, los daños podrían haber sido menores”. “Es necesario recordar que, en el año 2014, el Gobierno de España realizó un estudio sobre el litoral gaditano y onubense y las actuaciones a llevar a cabo “no se han ejecutado” ni las medidas incluidas en el mismo, así como que existen numerosos proyectos pendientes que es necesario agilizar y dar un mayor impulso a los que se encuentran en fase de estudio informativo, declaración de impacto ambiental o elaboración de proyectos”, señalan los diputados socialistas.
Los representantes del PSOE de Cádiz en la cámara baja recalcan que la caída en materia de inversión desde el año 2011 en la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha sido de un 40 por ciento en lo que respecta a la provincia de Cádiz y aseguran que “estos recortes se dejan notar en el estado de las distintas playas gaditanas, no sólo en las de Cádiz capital que casi desaparecen y en los chiringuitos que se los traga el agua, también en La Barrosa donde desde el año 2015 no se aporta un metro cúbico de arena, en Fuentebravía, en El Puerto de Santa María, hacen falta mejoras, en Sanlúcar donde solo se actúa cuando son las carreras de caballos o en Bajo Guía donde el agua llega a los restaurantes y en la Jara también falta arena, por citar algunos ejemplos”.
“Buen reflejo de lo anterior es que el Real Decreto aprobado el 17 de marzo de 2017, que ampliaba el anterior Real Decreto Ley del 27 de enero, por el que se adoptaban medidas urgentes para paliar los daños de los temporales, solo dispuso de 1.5 millones de euros para la provincia de Cádiz”, precisan subrayando que esperan que “la magnitud de los acontecimientos obligue al Gobierno a una aportación notablemente mayor que la del año pasado”.