PSOE y UGT SP impulsan un convenio provincial para dignificar la ayuda a domicilio en Cádiz

PSOE y UGT SP apuestan por un convenio provincial de ayuda a domicilio en Cádiz para garantizar igualdad salarial, estabilidad y condiciones laborales dignas en un sector clave para la atención a mayores y dependientes.

PSOE y UGT SP impulsan un convenio provincial para dignificar la ayuda a domicilio en Cádiz, tras mantener una reunión con trabajadoras y trabajadores del sector con el objetivo de analizar la situación laboral y articular medidas que pongan fin a la desigualdad salarial y la precariedad. Ambas organizaciones han fijado una posición conjunta orientada a garantizar igualdad de derechos, seguridad jurídica y reconocimiento profesional en un servicio esencial para la atención a personas mayores y dependientes en toda la provincia.

El encuentro estuvo encabezado por el vicesecretario general provincial del PSOE y portavoz socialista en la Diputación, Javier Pizarro, junto a una delegación sindical de UGT SP Cádiz. Durante la reunión, se reafirmó el compromiso político y sindical de trabajar de manera coordinada para defender el principio “a igual trabajo, igual salario”, así como la urgencia de abordar mejoras estructurales que dignifiquen un sector central en la red de cuidados.

Pizarro destacó que los gobiernos socialistas fueron responsables de la aprobación e implantación de la Ley de Dependencia, una herramienta que transformó la atención y autonomía de miles de personas en la provincia. Subrayó además que en municipios menores de 20.000 habitantes fue la Diputación la que extendió el servicio, generando un modelo que ha resultado indispensable para las familias. “Nuestros municipios ya no pueden concebirse sin estas profesionales que facilitan la vida diaria de quienes más lo necesitan”, afirmó.

UGT SP Cádiz expuso una situación de precariedad que se prolonga desde hace casi dos décadas: kilometraje asumido por las propias trabajadoras, salarios prácticamente congelados, diferencias retributivas entre empresas públicas y privadas, horarios sin criterio de conciliación, bolsas de horas insuficientes, riesgos laborales no evaluados y ausencia de protocolos de protección ante agresiones y enfermedades. A ello se suma, según el sindicato, la exigencia de formación sociosanitaria que no va acompañada de reconocimiento laboral equivalente.

Las representantes sindicales procedentes de distintas comarcas —La Janda, Bahía de Cádiz y Jerez— coincidieron en que el servicio se organiza exclusivamente en función de las necesidades del usuario, dejando en segundo plano las condiciones laborales de quienes lo prestan. Para corregir esta situación, PSOE y UGT SP plantean la aprobación de un Convenio Provincial de Ayuda a Domicilio que homologue derechos y salarios en toda la provincia, independientemente de si la gestión es pública o privada.

Ambas organizaciones también señalaron la municipalización del servicio como una solución viable y ya aplicada en Jerez, Chiclana y San Fernando, donde —según destacaron— el modelo público está demostrando ser más estable y beneficioso para las trabajadoras. Además, reclamaron que los contratos públicos incluyan cláusulas laborales obligatorias, incrementos económicos destinados exclusivamente a salarios y la exclusión de empresas sancionadas o con sentencias firmes.

Durante la reunión se abordó también la situación de la lista de espera de dependencia en la provincia. El PSOE de Cádiz expuso que 2.626 personas continúan esperando valoración, 1.260 ya valoradas siguen sin prestación, 3.886 forman el total de la lista de espera, y 381 han fallecido en 2025 sin recibir los recursos solicitados. UGT SP y PSOE consideran que estos datos son incompatibles con un sistema que debe ser pilar del Estado del bienestar, por lo que han acordado una agenda conjunta de acciones y movilizaciones para impulsar mejoras.

El mensaje final fue compartido por ambas direcciones: “Cuidar a quienes cuidan es una obligación moral, social y política”. PSOE y UGT SP ratificaron que continuarán trabajando de forma coordinada para garantizar dignidad, igualdad y justicia laboral a uno de los colectivos más relevantes del sistema de atención provincial.