Durante la concentración de maestros de educación permanente en Cádiz, Rafael Aguilera, responsable institucional provincial de Izquierda Unida, ha expresado su rotundo rechazo hacia el decreto unilateral emitido por la Junta de Andalucía, el cual afecta a la comunidad educativa sin previa negociación con sindicatos ni con los perjudicados directos: los usuarios de estos centros.
Aguilera ha denunciado la intención de dividir entre educación primaria y secundaria al profesorado, advirtiendo que detrás de este movimiento se esconde un claro intento de privatizar el servicio. Según sus palabras, esta privatización no solo dejaría de ofrecer una serie de servicios a personas mayores que buscan acceder a la educación secundaria, sino que también abriría la puerta a la colocación de personal docente sin necesidad de oposiciones, favoreciendo a aquellos con mayores recursos económicos.
«Creemos que es algo que viene funcionando bien, que es un modelo ejemplar en España y en el resto de Europa y que aquello que funciona bien no hay que tocarlo», declaró Aguilera. «Si se toca es porque hay una intencionalidad detrás que es privatizar y hacer negocio, con lo que debe ser un derecho fundamental que es la educación pública», agregó.