La polémica entre la asociación Al Sur del Sur y el Ayuntamiento de Cádiz a cuenta del local que vienen ocupando en el edificio Hermanas Mirabal vuelve a traer de actualidad un asunto que, por viejo, no termina nunca de arreglarse: la relación tóxica que mantienen desde tiempo inmemorial el tejido asociativo y la política.
El reparto de recursos a estas entidades ha generado siempre una relación de dependencia que en muchos casos ha llegado a pervertir el fin social de estos colectivos, incluso a veces se han creado asociaciones «fantasma» con el único fin de hacer creer que existía una demanda social cuando lo único que en realidad había eran intereses políticos.
A cambio de llenar autobuses, hacer bulto en un mitin, repartir propaganda electoral o lo que hicera falta según el momento se han entregado locales más grandes, aportaciones económicas mayores o incluso se ha colocado a algún dirigente o familiar en listas electorales o en empresas concesionarias de servicios municipales. Así, no es extraño que un cambio de gobierno haya llevado consigo el cambio de chaqueta de algunos colectivos, el ostracismo de otros y el auge de otros muchos.
Incluso ha habido guerras soterradas por el control de algunas entidades. Se han creado asociaciones paralelas que perseguían los mismos fines que otras ya existentes dotando a las nuevas de cantidades ingentes de recursos para asfixiar a las antiguas.
Este comportamiento, que viene de lejos, hace que el ciudadano de a pie apenas se inmute cuando un determinado colectivo llama la atención ante lo que cree una injusticia, un castigo o como le quieran llamar. La pregunta sería qué fue antes el huevo o la gallina, la política corrompió a las asociaciones o fueron algunos dirigentes los que convencieron a la políticos para «invertir» en sus colectivos a cambio de poner a su servicio un puñado de votos. En realidad da igual quién dio inicio a esta dependencia, lo que parece claro es que no existe voluntad por ninguna de las partes de acabar con ella.
El Partido Popular ha presentado al próximo pleno una propuesta para que el Equipo de Gobierno mantenga los convenios que ellos firmaron. No es la primera vez que lo hacen. Hace algunos meses la oposición en bloque votó a favor la propuesta de los populares de renovar todos los convenios suscritos con los colectivos que alberga tanto el edificio Hermanas Mirabal como el Centro de Recursos para la Familia. Debería ser el Equipo de Gobieno el que tome estas decisiones y que sean los ciudadanos los que valoren la forma de actuar de los que les gobiernan. Este tipo de iniciativas lo único que ponen de manifiesto es que la dependencia de los partidos políticos y los colectivos afines no solo es real, sino que es imprescindible para movilizar al electorado.
Quizás cuando el Partido Popular acusa a José María González de querer eliminar su legado se están refiriendo a esto, de laminar a los colectivos que estuvieron amamantando durante veinte años para encumbrar a otros, cercanos a los partidos que sostienen el nuevo gobierno municipal. Mientras tanto el resto de partidos de oposición tienen que elegir entre hacerle el juego al Partido Popular o a Podemos e IU. Una decisión que lo único que conseguirá es reafirmar su papel como meros palmeros en un juego de dos.