Respaldo unánime a la propuesta socialista de que la Junta complemente la aportación del Estado a municipios dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El PSOE logra también que prospere la petición de que el Gobierno autonómico eleve la financiación de los materiales del PFEA y que permita a los municipios la revisión del precio de los proyectos de obra

Carmen Collado
Carmen Collado

El Pleno de la Diputación ha aprobado esta mañana sendas propuestas socialistas con un importante calado en materia de lucha contra la violencia de género y de fomento del empleo, esencialmente en los entornos rurales. Concretamente, una de ellas reclama a la Junta de Andalucía que complemente la aportación que el Gobierno de la Nación ha decidido destinar hacia los municipios al amparo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mientras que la otra pide al Ejecutivo andaluz que eleve el montante destinado a la compra de materiales para obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) desde del 45% al 60% del coste de mano de obra que está sustentado por el Ejecutivo central.

La vicepresidenta cuarta y delegada del Área de Igualdad de la Diputación, Carmen Collado, ha sido la encargada de defender la proposición que solicita a la Junta de Andalucía que complemente la aportación del Gobierno de la Nación a los ayuntamientos dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y que ha resultado aprobada por unanimidad. Esta cantidad movilizada por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez hacia los ayuntamientos de la provincia se eleva por encima de los 827.000 euros (un 57% más que la cantidad aprobada en 2018) y cuenta con un plazo de ejecución para las actuaciones que puedan ser financiadas por la misma que se extiende hasta el 30 de junio del próximo año.

Esta misma propuesta incluye la petición de la puesta en marcha de un protocolo conjunto de actuación institucional que derive en un Plan de Acción Conjunta “con medidas concretas y financiación suficiente” contra una nueva forma de violencia de género surgida este pasado verano: la sumisión química. Ese protocolo deberá incluir tanto a las diputaciones como a los y habrá de dar participación al tejido asociativo y a las ONG que trabajan en el campo de la lucha contra la violencia de género.

“La violencia de género debe ser erradicada en todas sus fórmulas de nuestra sociedad”, ha señalado Carmen Collado, quien ha recordado la importancia de establecer y consolidar “una red de apoyo y de colaboración institucional que, a través de la coordinación de todas las administraciones, permita prevenir la violencia de género y proteger a sus víctimas”. Precisamente por este motivo, ha recordado que la Diputación viene aportando 60.000 euros para reforzar los Centros de Información a la Mujer, con objeto de favorecer que la atención a las mujeres víctimas de violencia de género llegue de manera eficaz a los pequeños municipios.

Petición a la Junta para que aumente su aportación a materiales del PFEA

Igualmente aprobada ha resultado la propuesta planteada al Pleno por el vicepresidente cuarto y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, Javier Pizarro, en la que se planteaba que la Junta de Andalucía eleve el montante destinado a la compra de materiales para obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), “un plan que se aplica en el 95% de los municipios de la provincia y tiene una extraordinaria importancia en las zonas rurales”.

El motivo de la solicitud es que el coste máximo actual de los materiales, establecido en un 45% del volumen que el Estado destina para asumir los costes salariales y cotizaciones empresariales, es claramente insuficiente para adquirirlos en la actualidad, como consecuencia del alza de los precios motivado por la disminución de existencias. De ahí que la propuesta plantee un incremento del coste de los materiales hasta un 60% del presupuesto de mano de obra.

El coste de los materiales está cofinanciado entre Junta de Andalucía (75%) y Diputación (25%). Javier Pizarro ha recordado que “este mismo año ya hubo ciertos problemas, las obras comenzaron tarde porque las empresas tuvieron dificultades para encontrar los materiales”, motivo por el cual se solicitó a la Administración autonómica un aumento de la dotación, “pero solo obtuvimos la callada por respuesta y la Diputación tuvo que aportar 1,5 millones de euros de sus recursos propios para llevar esas obras a buen puerto”.

De igual manera, el Pleno ha respaldado la petición de que la Junta permita a los ayuntamientos la posibilidad de revisar, de manera excepcional, los precios de los proyectos de obra dentro del ámbito del PFEA. Con este planteamiento se pretende evitar que los consistorios, el único ámbito institucional que carece de obligación legal de aportar fondos para asumir este tipo de obras con eminente repercusión social, se vean forzados a realizar importantes desembolsos para garantizar el desarrollo del programa en sus respectivos ámbitos territoriales.

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