El sindicato CSIF advierte de posibles suspensiones de vistas por el calor en juzgados de Cádiz y Sanlúcar y señala que, si se superan los límites legales de temperatura, deberá activarse el protocolo de estrés térmico
La celebración de juicios en Cádiz y Sanlúcar podría verse afectada en los próximos días por la falta de aire acondicionado en varias sedes judiciales, según ha alertado el sindicato CSIF. La organización sindical advierte de que, si se superan las temperaturas máximas previstas en la ley de prevención de riesgos laborales, deberá activarse el protocolo de estrés térmico, lo que implicaría la reducción de la jornada y la suspensión de actividad en las dependencias afectadas.
El aviso se produce en plena subida de temperaturas y afecta tanto a juzgados de la capital gaditana como al partido judicial de Sanlúcar de Barrameda. CSIF ha trasladado a la Secretaría General Provincial de la Administración de Justicia un listado de deficiencias detectadas en distintos edificios.
En Sanlúcar, según el sindicato, la mitad del inmueble judicial permanece sin sistema de climatización desde el año pasado. La situación afecta especialmente al Juzgado de Violencia sobre la Mujer y al servicio común de ejecución civil. En estas dependencias se han instalado seis aparatos portátiles de aire acondicionado, conocidos como “pingüinos”, que obligan a mantener las ventanas ligeramente abiertas y selladas con precinto para su funcionamiento.
CSIF sostiene que estos dispositivos no resultan suficientes para refrigerar las estancias y que generan ruido constante, lo que complica el desarrollo normal del trabajo. De superarse los límites de temperatura establecidos por la normativa, la actividad tendría que interrumpirse, lo que podría derivar en la suspensión de vistas y juicios.
En Cádiz capital, el sindicato señala deficiencias en varios edificios judiciales. En el estadio Nuevo Mirandilla, donde se ubican dependencias judiciales, hay tres salas de vistas que, según la información facilitada, carecen tanto de ventanas como de sistema de climatización. Esta circunstancia podría provocar la suspensión de señalamientos si las condiciones térmicas no cumplen con los requisitos legales.
Además, en el edificio Proserpina se han identificado dos despachos sin aire acondicionado, mientras que en el edificio Los Balbo —donde se encuentra el decanato— el área que ocupa el personal del Cuerpo de Auxilio Judicial carece de climatización y presenta problemas con las persianas, lo que dificulta mitigar el calor.
El sindicato advierte de que, a medida que avance la mañana, será fácil alcanzar temperaturas elevadas en estas instalaciones. En ese caso, la aplicación del protocolo de estrés térmico obligaría a acortar la jornada laboral y suspender la actividad en las zonas afectadas, con el consiguiente aplazamiento de actuaciones judiciales.
La posible suspensión de juicios en Cádiz por falta de aire acondicionado tendría impacto tanto en profesionales como en ciudadanos con procedimientos señalados. Según CSIF, la acumulación de retrasos incrementaría la carga de trabajo del personal y afectaría al funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia en ambas localidades.
La organización sindical también señala que durante el último año no se ha convocado de manera ordinaria el comité de Prevención de Riesgos Laborales para abordar este asunto. Las únicas reuniones celebradas, indica, fueron de carácter extraordinario y relacionadas con el traslado de una sede judicial en Algeciras por deficiencias estructurales del edificio.
CSIF ha reclamado a la Administración andaluza una actuación urgente para solucionar las carencias detectadas y evitar que las altas temperaturas condicionen la actividad judicial durante el verano. Por el momento, no se han anunciado medidas concretas ni un calendario de actuaciones para corregir las deficiencias señaladas.
Con la previsión de temperaturas elevadas en la provincia en las próximas semanas, la situación en las sedes judiciales de Cádiz y Sanlúcar queda pendiente de la evolución térmica y de las decisiones que adopte la Administración competente en materia de infraestructuras judiciales.
