La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta detalla las novedades que recogerá la nueva orden y pide a todas las administraciones una mayor inversión social
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, así como varios representantes de la institución a quienes ha pedido que las entidades locales complementen la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) después de que la Consejería haya anunciado una subida del 12% tras 13 años congelado, de manera que se pasa de 13 euros a 14,6 euros la hora. La consejera, que ha resaltado que las entidades locales son las administraciones competentes para la gestión de este servicio, ha propuesto igualmente a la FAMP que ese incremento del coste se destine a la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del servicio. Esta medida beneficiará a más de 32.000 profesionales en toda Andalucía.
Ruiz ha apuntado que el sistema de la dependencia y, en concreto, el servicio de ayuda a domicilio «está desempeñando un papel fundamental en esta pandemia porque, si algo nos ha demostrado esta crisis, es que las personas son insustituibles y en el ámbito de los cuidados se ha visto de forma muy clara». En este sentido, ha defendido el «compromiso de la Consejería de Igualdad y de la Junta de Andalucía con este colectivo, que se ha comprobado con la reciente medida aprobada de incrementar el precio/hora y que se va a complementar con una nueva Orden de la Ayuda a Domicilio que nos va a ofrecer el marco legal para blindar el servicio para las personas usuarias y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores». En este sector, ha añadido, «detrás de cada paso que damos en la dirección correcta, hay personas que se benefician directamente y es lo que estamos consiguiendo con estas medidas».
Con este encuentro con la FAMP, la consejera inicia una ronda de contactos que tiene como objetivo llegar a un acuerdo «para blindar la ayuda a domicilio» que recoja dos aspectos fundamentales. Por un lado, que las entidades locales contribuyan también a la subida del precio/hora, tal y como ha hecho la Junta de Andalucía; y, por otro lado, que como entidades competentes en la gestión del servicio velen para que esa subida se destine a la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras. En este sentido, Ruiz ha informado que «desde la Junta de Andalucía hemos cumplido y, además de la mejora económica, ofrecemos la Orden del servicio que está enfocada principalmente a defender y mejorar los derechos de las trabajadoras. Por eso pedimos ahora a las entidades locales y a los sindicatos, con quien me reuniré la semana que viene, que trabajemos de manera conjunta para lograr que ese esfuerzo económico que realizamos en plena pandemia, con la ayuda del marco legal, se destine a todo el personal de la ayuda a domicilio y, de manera directa, a sus condiciones salariales».
La consejera ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz y ha asegurado que «actuamos ante el silencio y el olvido que durante 13 años se ha mantenido con un colectivo clave y determinante para nuestros mayores y personas dependientes. Entendemos que no se puede calificar de cicatera esta subida porque, de ser así, ¿qué adjetivo se tendría que usar para lo que ha ocurrido durante 13 años? Nos llama la atención el silencio que se ha mantenido durante todo este tiempo».
Ruiz ha vuelto a tender la mano al diálogo y al consenso. «Queremos contar con los ayuntamientos y diputaciones para ponernos de acuerdo no sólo para mejorar las condiciones económicas de las personas trabajadoras, sino las condiciones laborales. Así, proponemos que las entidades locales incrementen su aportación al servicio, como ha hecho la Junta, en la medida de sus posibilidades. Este es un trabajo de todos y de todas las administraciones, por lo tanto reclamamos también al Gobierno central que cumpla lo que exigimos en el Pacto de Estado e incremente su aportación a la dependencia, que en estos momentos está en el 17% frente al 50% que marca la ley«.
La consejera ha defendido que «vivimos una crisis económica y social sin precedentes y, aun así, damos el paso inicial fundamental por primera vez desde 2007. Este es el primer paso, pero vamos a seguir avanzando en términos económicos y laborales. Ojalá nuestro punto de partida hubiera sido más favorable: si en la última década de la anterior Administración se hubiera subido 25 céntimos al año, ahora partiríamos de una situación muy diferente y esta subida habría tenido un mayor impacto». Por tanto, ha insistido Rocío Ruiz, «no se puede descalificar un esfuerzo presupuestario de 65 millones de euros después de años de silencio cómplice».
Proyecto de orden
Entre las novedades que incorpora el proyecto de orden elaborado por la Consejería de Igualdad, se incluyen artículos referentes a los derechos de las trabajadoras. Así, por ejemplo, se excluyen expresamente del personal auxiliar las actuaciones de carácter sanitario o de las necesidades del hogar que no estén recogidas en la normativa.
Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal, se garantiza una organización del servicio que mantenga unas jornadas laborales dignas y conciliadoras del empleo, buscando el equilibrio entre turnos de mañana y tarde para evitar jornadas fraccionadas y estando prohibida la realización de servicios de menos de una hora. Asimismo, se establece unos intervalos horarios de prestación preferente para personas usuarias que requieran atención especial, como las postradas en camas o las que precisen ayuda para levantarse y acostarse.
Además de la fiscalización del servicio por parte de la Consejería competente en materia de servicios sociales, la nueva orden contempla la mejora de la coordinación entre la entidad local y la prestadora por medio de la regulación de la figura de la persona coordinadora.
Por otra parte, con el objetivo de fomentar la integración social mediante la contratación, se especifica que los pliegos deberán contemplar colectivos como las personas extuteladas, mujeres víctimas de violencia de género, residentes en zonas desfavorecidas, perceptoras de la Renta Mínima de Inserción Social, personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social.
De esta forma y mediante otro tipo de medidas, se pretende evitar que el enfoque en los procesos de licitación someta a la adjudicación del servicio a la oferta económica más ventajosa. Así, por primera vez, el peso relativo del precio respecto al resto de los criterios de valoración de las propuestas no deberá superar el 45%. Asimismo, se reconoce la potestad de las entidades locales de complementar la financiación del servicio.
Más de 30.000 trabajadoras
La subida del precio/hora hasta 14,60 euros para las retribuciones de las trabajadoras de la ayuda a domicilio supone una subida del 12,3%, puesto que desde hace diez años este se encontraba en 13 euros. «Esta medida va a beneficiar a unas 30.000 personas, en su mayoría mujeres, que con su trabajo hacen posible que las personas dependientes tengan la mejor atención sin renunciar a seguir viviendo en su domicilio. Pese a que son fundamentales para mantener el sistema del bienestar en Andalucía, han sido las grandes olvidadas durante años y ahora les vamos a dar el lugar que merecen», ha señalado Ruiz.
La nueva orden nace con la vocación de adaptarse a la realidad social de las personas con necesidad de atención y cuidados en su propio domicilio y en su entorno comunitario. Así, el proyecto de orden ya ha pasado por una consulta pública previa y actualmente se encuentra en fase de borrador, pendiente del trámite de información y audiencia pública.
Ya en el procedimiento de consulta pública previa han participado entidades como los sindicatos UGT y las delegadas sindicales de CTA, el Foro Andaluz de Dependencia, asociaciones y confederaciones como COCEMFE, empresas como SADUR y entidades prestadoras como CECUA, AESTE, ASADE, ASSISTEL y FAECTA, además de diversos ayuntamientos y diputaciones provinciales e incluso una persona en particular trabajadora social de profesión.