El PSOE reclama responsabilidades políticas por los contratos fraccionados del SAS en Cádiz, tras pedir un juez a la Intervención General del Estado que cuantifique el posible daño al erario público.
El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido explicaciones urgentes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, tras el nuevo avance en la investigación judicial sobre los contratos fraccionados del SAS en Cádiz. La reacción del dirigente socialista llega después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz haya solicitado a la Intervención General del Estado un análisis integral de la contratación menor en la provincia para determinar el posible daño causado al erario público.
Según destaca Ruiz Boix, la decisión judicial supone un “salto cualitativo” en la instrucción, ya que el magistrado pide de manera expresa que los peritos del Estado examinen los precios aplicados por el Servicio Andaluz de Salud y los comparen con los de otras comunidades autónomas. El objetivo es esclarecer si los contratos, fragmentados por un valor total de 235,4 millones de euros, se ajustaron a la Ley de Contratos del Sector Público y si existió un sobrecoste injustificado.
Para el dirigente socialista, este escenario confirma que “algo huele a podrido en la gestión sanitaria del PP”, en referencia a lo que considera un patrón de adjudicaciones irregulares amparadas en procedimientos excepcionales extendidos más allá de la pandemia. Ruiz Boix recalca que la investigación parte de informes elaborados por los propios interventores de la Junta, lo que —afirma— añade aún más gravedad al caso.
En sus declaraciones, Ruiz Boix asegura que el Partido Popular intenta “tapar por todos los medios” una situación que, en su opinión, constituye “un escándalo mayúsculo”. Subraya que ya no es únicamente el PSOE quien denuncia irregularidades, sino que es un juez quien solicita pruebas periciales para conocer el alcance económico de los posibles daños. “El juez quiere saber cuánto dinero de los andaluces se ha perdido por el camino, y nosotros exigimos saber quiénes son los responsables políticos de este saqueo”, afirma.
El líder socialista vincula directamente la supuesta mala gestión económica con el deterioro de la sanidad pública en la provincia. Asegura que mientras se producía esta contratación bajo sospecha, los centros de salud registraban falta de médicos, condiciones laborales “lamentables” y listas de espera “insoportables”. En este sentido, recuerda que Cádiz es, según sus palabras, la provincia andaluza con menos médicos por habitante, una situación que atribuye al desvío de recursos públicos hacia adjudicaciones sin control.
Ruiz Boix sostiene que el dinero presuntamente malgastado en estos contratos podría haberse destinado a reforzar plantillas, ampliar horarios de atención y mejorar la capacidad asistencial del sistema. “Lo que falta hoy en nuestros centros de salud es, en parte, el resultado de gestionar la sanidad pensando más en la red clientelar que en los pacientes”, declara.
El secretario general del PSOE de Cádiz insiste en que la investigación judicial pondrá en evidencia “la gran mentira de la gestión económica del PP en Andalucía”. Considera que la práctica de fraccionar contratos para evitar procedimientos ordinarios equivale a “corrupción institucionalizada”, al tiempo que reclama transparencia en todas las etapas del proceso.
Ruiz Boix asegura que su formación llegará “hasta el final” en este procedimiento, en el que el PSOE está personado. Afirma que el Gobierno andaluz debe comparecer públicamente, y pide que Moreno Bonilla dé explicaciones ante el Parlamento sobre el motivo por el cual su gestión sanitaria está siendo examinada por un posible perjuicio económico a los andaluces.
El PSOE provincial considera que este caso representa un punto de inflexión en el debate sobre la sanidad pública en Cádiz y exige que se depuren responsabilidades políticas sin esperar al resultado final de la instrucción. Para los socialistas, la gravedad de los hechos obliga al Gobierno andaluz a adoptar medidas inmediatas para recuperar la confianza ciudadana y reforzar la transparencia en la contratación pública.
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