La delegada territorial preside esta comisión, en la que están el interlocutor sanitario, el interlocutor policial, la asesoría jurídica y los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos y áreas sanitarias
La Delegación Territorial de Salud y Familias de Cádiz ha acogido una nueva reunión de coordinación de la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios, presidida por la delegada, Isabel Paredes, y en la que han participado también el interlocutor sanitario, el interlocutor policial, la asesoría jurídica y los referentes en materia de agresiones de los hospitales, distritos y áreas sanitarias de la provincia.
El ‘Plan de Prevención y Atención de agresiones para los profesionales de Sistema Sanitario Público andaluz’ entró en vigor en 2020 después de que fuera aprobado por el Consejo de Gobierno y por el SAS y los sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Sanidad por unanimidad. Este plan de agresiones incorpora como novedad un programa especial de acompañamiento al profesional agredido y un profesional con formación específica que ejercerá como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas.
Esta figura del profesional guía tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión. El año pasado, recibieron formación para este cometido un total de 313 profesionales.
El nuevo plan habilitará también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilitará atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y se realizarán acciones de comunicación dirigidas a concienciar a los pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional.
La delegada territorial ha señalado que esteencuentro ha permitido abordar cuestiones prácticas que afectan a los profesionales, y resolver dudas y problemas que surjen en el manejo de este tipo de situaciones. Igualmente, recordado que desde Salud y Familias se condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario y ha apuntado que este tipo de agresiones se consideran jurídicamente como atentado a la autoridad. En ese sentido, ha añadido que la prevención de las agresiones a los profesionales durante la prestación de la asistencia sanitaria ha sido siempre, y seguirá siendo, una prioridad del Gobierno andaluz.