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San Fernando exige a la mancomunidad una revisión del contrato con Athisa para adaptarlo a la ley de bienestar animal

El Ayuntamiento isleño advierte de que “no será cómplice de la situación inadmisible actual” y plantea alternativas que permiten ejecutar con urgencia la construcción del nuevo centro de protección animal

22/03/2020 Fachada del Ayuntamiento de San Fernando POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÁDIZ AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

El Ayuntamiento de San Fernando ha exigido a la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz soluciones urgentes ante la situación “inadmisible” en la que se encuentran los animales en el Centro de Protección Animal Bahía de Cádiz. Para ello, ha instado a la revisión del actual contrato de gestión del servicio con Athisa para adaptarlo a la Ley de Bienestar Animal y, por otra parte, ha planteado diferentes alternativas que permitirían agilizar la construcción de un nuevo centro de protección animal que reúna todas las condiciones y garantías en Puerto Real.

La concejala de Bienestar Animal, María José Foncubierta, ha asistido hoy a la Comisión convocada por la Mancomunidad de Municipios en la que se ha analizado el informe técnico encargado a raíz del expediente abierto por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a Athisa, contratada por la Mancomunidad para la gestión del servicio de protección animal.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando se ha acudido a la reunión con tres medidas que la concejala ha dejado claras en la reunión. La primera en relación a la disconformidad con el informe planteado por el estado del actual centro de protección animal. La segunda, una propuesta para acortar los plazos para el nuevo centro, y una tercera que ha planteado una revisión del contrato actual para que cumpla con la Ley de Bienestar Animal. 

En relación al primer punto, la comisión ha dejado sobre la mesa el informe remitido, porque no responde al sentimiento y la percepción manifestada por algunos ayuntamientos en la reunión. 

La Comisión de la Mancomunidad volverá a reunirse el próximo lunes, 22 de abril, para revisar y aprobar, en su caso, un nuevo informe que “esperemos se ajuste a la realidad que percibimos varios ayuntamientos”.

En segundo lugar, la concejala María José Foncubierta ha planteado alternativas claras para agilizar la construcción del nuevo centro de protección animal en Puerto Real. En este sentido, se ha acordado que se trabajará en un punto incluido en el orden del día de la Comisión del próximo día 22, una vez que los ayuntamientos puedan analizar dichas alternativas en estos días.

La concejala ha preguntado claramente en la Comisión las mejores perspectivas de plazos con los que trabaja la Mancomunidad de cara a disponer del centro definitivo. Hay que tener en cuenta que aún falta la adjudicación final del suelo, la licitación del proyecto, la ejecución del mismo, la licitación de las obras y la ejecución de éstas. La Mancomunidad no ha sido capaz de determinar una fecha aproximada, más allá de fijar como objetivo el mandato. 

Por tanto, dado que el nuevo centro de protección animal no estará hasta “2027 en el mejor de los casos”, el Ayuntamiento de San Fernando considera que es un plazo “inadmisible dada la situación en la que viven los animales en el centro”. Por ello, desde San Fernando se han puesto sobre la mesa varias alternativas que permitirían construir el nuevo centro a través de empresas y entidades públicas para su puesta en funcionamiento en el plazo máximo de “un año o un año y medio”. Todo lo que exceda de ese tiempo no debe ser una alternativa aceptable para la Mancomunidad, según el Ayuntamiento de San Fernando.

En este sentido, ha planteado opciones para el servicio de recogida de animales y gestión del centro de acogida de animales abandonados. La primera sería que la Diputación de Cádiz, como hace la Diputación de Pontevedra, gestione este servicio a través de una encomienda a la empresa pública Tragsatec u otra. Por otro lado, también se ha planteado la opción de que sea Cemabasa, que en sus propios estatutos recoge el objeto social de dar servicio de recogida, residencia, albergue, adiestramiento y los de refugio para animales abandonados y perdidos, así como los de su cesión y adopción, entre otros.

“Las empresas públicas permiten unos sistemas de contratación y ejecución mucho más ágiles y garantistas con el interés final de protección de los animales, que es lo que en este momento necesitamos”. La concejala ha planteado que existen otras muchas alternativas igualmente viables, siendo necesario plantear con urgencia una que permita desarrollar el centro con mayor celeridad.

Revisión del contrato actual

Por otra parte, y como tercer asunto, María José Foncubierta ha reclamado en la reunión de hoy que, tal y como permite la Ley de Contratos del Sector Público, se revise y modifique el contrato del servicio de protección animal suscrito con Athisa, ya que este “se articula en base a una ley obsoleta y debe adaptarse a la nueva Ley de Bienestar Animal”.

“El Ayuntamiento de San Fernando no va a ser cómplice de una situación inasumible para una administración pública por su falta de ética, por el incumplimiento de la normativa actual y porque nuestro compromiso con el animalismo no nos lo permite”, ha aseverado la edil.

Ha señalado a modo de ejemplo que los cheniles que se van a instalar en el centro de protección animal, según el contrato, son de 1,5 por 2 metros, careciendo los animales de refugio suficiente para protegerse de las inclemencias meteorológicas y, además, algunos de los perros llevan semanas o incluso meses sin salir porque no hay zona habilitada para el esparcimiento. “Atendiendo a la ley, en el Ayuntamiento de San Fernando entendemos que esto es maltrato animal y, por tanto, no vamos a tolerarlo”, ha apuntado Foncubierta.

Finalmente, la edil de Bienestar Animal ha expresado también la “preocupación máxima” del Ayuntamiento de San Fernando ante las informaciones planteadas hoy en la Comisión de Salud relativas a la pérdida de la calificación de núcleo zoológico del centro de protección animal, lo que corrobora el planteamiento municipal de que la situación “es insostenible y genera una gran inseguridad jurídica”, por lo que ha reclamado contundencia y agilidad a la Mancomunidad en la búsqueda de soluciones.

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