El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo está cumpliendo sus compromisos sociales en materias como el SMI, las pensiones y las becas. Además, ha defendido la necesidad de afrontar el alza del precio de la energía tanto en el ámbito nacional como en el europeo.
Pedro Sánchez ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que el Ejecutivo pretende llegar al 42,6 por ciento de cumplimiento del acuerdo de investidura al finalizar este año.
Entre los compromisos que está poniendo en marcha, ha resaltado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la revalorización de las pensiones conforme al aumento de los precios, el refuerzo de las becas -que alcanzan a 850.000 estudiantes- y la creación del Ingreso Mínimo Vital, del que ya se benefician 800.000 españoles.
En su respuesta al diputado Pablo Casado, del Grupo Parlamentario Popular, el presidente del Gobierno ha manifestado que los dirigentes políticos deben ponderar sus intervenciones y evitar las declaraciones contrarias al interés de España y de los españoles. «España crece y crea empleo, estamos en niveles de empleo previos a la pandemia, y España tiene una prima de riesgo baja», ha señalado.
Además, el jefe del Ejecutivo ha abogado en su réplica por la convivencia, el respeto al orden constitucional y el cumplimiento de la legalidad democrática en todos sus aspectos, incluido el relativo a la renovación de los órganos constitucionales.
Doble frente ante el coste de la energía
Respecto a las repercusiones de los costes de la energía, cuestión planteada por el diputado Aitor Esteban, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el presidente ha indicado que comparte la preocupación por el alza de los precios en los mercados mayoristas y su efecto en la viabilidad de la industria. «De hecho -ha apuntado-, los fondos europeos si van destinados a algo es precisamente a crear empleo y a reindustrializar nuestro país en esa transición energética que tiene que ser justa».
Entre las iniciativas emprendidas por el Gobierno en este terreno, Sánchez se ha referido a la aprobación el pasado diciembre del Estatuto del Consumidor Eléctrico Intensivo, las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 y las medidas fiscales que está asumiendo la Administración General del Estado, como la rebaja del IVA y del impuesto especial a la electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica.
Además, ha reiterado que es «de justicia social» que aquellas empresas energéticas que están cobrando por encima de sus costes de una manera extraordinaria «arrimen el hombro y echen una mano para que no se repercuta en el recibo de la luz precisamente ese alza».
En las circunstancias actuales -ha afirmado-, es imprescindible asegurar los precios de la electricidad acordados con la industria antes de la subida del gas y facilitar la firma de nuevos contratos bilaterales de suministro de electricidad a precios asequibles, «y en eso es en lo que está trabajando el Gobierno de España con las empresas eléctricas y con la industria». Para apuntalar ese objetivo, Sánchez se ha mostrado partidario de aclarar y precisar lo que sea necesario de las medidas urgentes aprobadas el 14 de septiembre para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural.
El presidente ha sostenido que es «clave» actuar también en el ámbito de la Unión Europea, ya que es necesario reformar el mercado eléctrico europeo, mejorar la capacidad de negociación de Europa respecto a quienes producen y exportan el gas natural y detener la especulación en los mercados de emisión de CO2.
Democracia sólida y plena
En su contestación a la diputada Mertxe Aizpurua, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, Pedro Sánchez ha defendido que la mejor manera de decidir el futuro político, económico y social del país es a través de las Cortes Generales, donde «se expresa con total rotundidad la voluntad popular expresada en las urnas». Decir lo contrario -ha añadido- es alimentar el discurso de quienes niegan la legitimidad de las instituciones democráticas.
El jefe del Ejecutivo ha remarcado, además, que España es una democracia «sólida», según los índices de referencia internacionales. Como todo sistema democrático -ha argumentado-, puede mejorar su funcionamiento, transparencia y ejemplaridad, pero la voluntad del pueblo español ya se articula en las tramitaciones parlamentarias, las enmiendas y las iniciativas que presenta cada grupo y en las votaciones en el Pleno del Congreso.
«En definitiva, esta es una democracia plena. Y lo que no vamos a aceptar es dividir a la sociedad española o, en este caso, a la sociedad vasca en función de referéndums interesados y binarios», ha dicho. Ese tipo de iniciativas -ha explicado- no solo no tienen cabida en la Constitución Española, sino que representan «lo peor que podemos hacer» en un momento en que se está acelerando la integración en la UE y es fundamental trabajar en favor de la unidad y el acuerdo, como han demostrado, por ejemplo, los agentes sociales.