Sanidad impulsará el aborto farmacológico en Atención Primaria

El aborto farmacológico en Atención Primaria se incorporará expresamente a la cartera común del Sistema Nacional de Salud mediante varios cambios normativos.

El Ministerio de Sanidad impulsará la inclusión del aborto farmacológico en Atención Primaria para que esta prestación pueda ofrecerse desde los centros de salud. La medida requerirá cambios en la normativa sobre autorización de centros sanitarios, en las condiciones de uso de uno de los medicamentos empleados y en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció la iniciativa el 28 de septiembre durante la inauguración del acto “Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso”, organizado con motivo del Día Internacional del Aborto. En la apertura también participó la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El objetivo anunciado por Sanidad es que las mujeres que elijan el método farmacológico, cuando resulte adecuado para su situación, puedan acceder a él en sus centros de salud. García señaló que la prestación deberá contar con información para las usuarias, profesionales preparados y acompañamiento sanitario antes, durante y después del proceso.

La incorporación de esta atención a los centros de salud exige tres actuaciones. La primera será la modificación del real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios, con el propósito de adaptar a Atención Primaria los requisitos establecidos para realizar esta prestación.

Sanidad también iniciará los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en la interrupción voluntaria del embarazo por el método farmacológico. El cambio pretende permitir su utilización fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.

La tercera actuación consistirá en actualizar la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud para que el aborto farmacológico figure expresamente entre las prestaciones de Atención Primaria. Estos cambios determinarán el marco general para su aplicación en los servicios autonómicos de salud.

El Ministerio prevé trabajar con las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios para desarrollar la medida. La organización de la prestación deberá facilitar que las usuarias sepan dónde acudir, reciban información para elegir el método y dispongan de un equipo sanitario de referencia durante el proceso, según expuso García.

La ministra vinculó la atención desde los centros de salud con una reducción de los desplazamientos y con la posibilidad de contar con profesionales cercanos a los que plantear dudas. Estas condiciones forman parte del modelo que el Ministerio pretende trasladar a la cartera común, aunque su desarrollo deberá coordinarse con las administraciones sanitarias autonómicas.

Durante su intervención, García indicó que en 2024 casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados. Frente a esa proporción, afirmó que algunas comunidades autónomas ya han integrado mayoritariamente esta atención en la sanidad pública y defendió que esas experiencias pueden servir para extender el servicio.

La responsable de Sanidad sostuvo que el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo debe quedar garantizado en todo el territorio. También atribuyó a los gobiernos autonómicos la responsabilidad de asegurar la prestación dentro de sus respectivos sistemas sanitarios.

El anuncio se produjo después de la presentación de una campaña institucional del Ministerio sobre el estigma y la culpa asociados al aborto. García defendió durante el acto el respeto a las distintas formas de vivir una interrupción del embarazo y afirmó que la legitimidad de la decisión no debe depender de que la mujer acredite una situación de sufrimiento.