El pleno ordinario de septiembre también ha abordado la adhesión a la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 y una declaración institucional de apoyo a las personas sordas
El Pleno del Ayuntamiento escenificó ayer en la sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre el respaldo de la Administración local a la asociación sanluqueña ABSA con la declaración de Sanlúcar como Ciudad Antibullying, convirtiéndose así en el primer municipio de España que asume este compromiso institucional.
Con el aplauso de todos los grupos políticos de la Corporación local y la presencia de numerosos integrantes del colectivo en la sesión plenaria, la ciudad daba así un paso de gran relevancia que arrancó con la lectura de la declaración por parte de la alcaldesa, Carmen Álvarez, que también ha manifestado su satisfacción por “ver el Pleno lleno de gente” ya que una de sus primeras decisiones como alcaldesa fue la de “abrir el Ayuntamiento a la gente, en especial el Pleno, el máximo órgano de representación ciudadana”.
De este modo, la asociación presidida por José Manuel Parada ha visto cumplido su objetivo de que Sanlúcar sea declarada Ciudad Antibullying, un compromiso que conlleva que los vecinos y vecinas de la localidad, en especial aquellas familias y menores que observan con naturalidad dichas conductas de violencia y acoso, reconozcan que en nuestro municipio “estos actos son verdaderamente negativos y están fuera de lo que nuestra ciudadanía espera para seguir evolucionando”.
Por otro lado, el Pleno municipal aprobó la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Este acuerdo supone el compromiso municipal de trabajar en la aprobación de un plan de actuación o estrategia local que incluya un análisis de situación y un plan de localización o implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
La incorporación del Consistorio sanluqueño a esta red de la FEMP supondrá la puesta en marcha de un proceso de información y sensibilización para la participación de todos los agentes locales, económicos y las organizaciones ciudadanas representados en la vida municipal para su implicación en la ejecución local de la Agenda 2030.
El orden del día de la sesión plenaria de septiembre también incluyó una declaración institucional con motivo de la Semana Internacional de las Personas Sordas. La ha promovido la Asociación de Personas Sordas Guadalquivir (Apesorgu), colectivo coordina los actos programados en Sanlúcar en estos días.
La declaración institucional establece el apoyo municipal a las reivindicaciones de Apesorgu, entre las que destaca el desarrollo de un reglamento específico sobre las lenguas de signos españoles que asegure su presencia en todos los ámbitos. Además, se solicita el acceso a una educación inclusiva y de calidad para el alumnado sordo, empezando por una atención temprana integral que contemple la lengua de signos. Igualmente, pide, entre otras medidas, garantizar el acceso de las personas sordas a la información institucional y a la comunicación con las administraciones públicas, solicitando la accesibilidad de todas las webs de la administración.
Por otra parte, Carmen Álvarez ha asegurado que “este equipo de Gobierno tiene un nuevo talante porque incluimos las propuestas beneficiosas para la ciudad, vengan de donde vengan. Nosotros no vamos a pasar el rodillo de la mayoría”.
En este sentido, a las peticiones de limpieza de barriadas y arreglo de calles de la oposición, la máxima representante municipal ha respondido que “ya se está trabajando desde la Delegación de Infraestructuras en una nueva planificación de estos servicios” añadiendo que “esta alcaldesa está en la calle para conocer las necesidades de la gente”.
Entre las mociones de los grupos municipales aprobadas por el Pleno, cabe destacar el acuerdo unánime en torno a la propuesta de IU y el PSOE, con una enmienda del PP, instando a la Junta de Andalucía a que actúe de urgencia en los colegios Maestra Caridad Ruiz de La Algaida, Maestro José Sabio y Quinta de la Paz; que haya una vía de comunicación constante entre el Ayuntamiento y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo para intervenir con celeridad en todo lo referente a las necesidades educativas y de equipamiento de la comunidad educativa de la ciudad; y que la Administración autonómica asuma sus competencias completas en materia de infraestructura educativa por el bien de la comunidad educativa del municipio.
Carmen Álvarez ha pedido colaboración a la oposición para recoger aquellas demandas vecinales que les llegan y que las traslade al Gobierno municipal y les ha solicitado que “trabajen también en la concienciación ciudadana para ayuden en la limpieza de la ciudad”.