Sindicatos denuncian agresiones y caos en centros de salud del Distrito Bahía de Cádiz por un programa piloto mal gestionado
CSIF, CCOO y UGT exigen más seguridad tras varios episodios violentos en centros de salud de El Puerto y Cádiz, atribuidos a un plan de dispensación de metadona sin protección suficiente
Las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT han denunciado este martes una situación de extrema inseguridad en varios centros de salud del Distrito Bahía de Cádiz, como consecuencia de la implantación de un programa piloto de dispensación de metadona que, aseguran, ha sido mal gestionado. Los sindicatos alertan de agresiones, encerronas y episodios violentos sufridos por profesionales sanitarios en los centros de Puerto Sur, Federico Rubio (Cádiz) y Casa del Mar (El Puerto de Santa María) en los últimos días.
El incidente más grave se produjo el pasado 7 de julio en el centro de salud de Puerto Sur, donde un enfermero se vio obligado a encerrarse bajo llave en su consulta tras recibir amenazas de un usuario en actitud agresiva, que exigía la entrega de metadona fuera del horario establecido. La Policía Nacional tuvo que intervenir para resolver la situación.
Un día antes, el domingo 6 de julio, el centro Federico Rubio fue escenario de una pelea entre tres usuarios vinculados al mismo programa, que puso en peligro tanto al personal como al resto de pacientes. El martes 8, se registró una tercera agresión en el centro Casa del Mar, en El Puerto de Santa María.
Según CSIF, CCOO y UGT, estos episodios están directamente relacionados con un programa de dispensación de metadona incluido en el llamado «Programa de Humanización», promovido por la Dirección-Gerencia del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz. Las centrales sindicales denuncian que esta iniciativa, planteada sin garantías ni planificación, busca más “titulares de gestión” que la protección real del personal sanitario.
Los sindicatos aseguran que, a diferencia de otros centros donde sí se cuenta con vigilancia policial durante la dispensación, en El Puerto de Santa María se ha eliminado cualquier tipo de cobertura de seguridad, pese a las advertencias reiteradas de los profesionales. “Desde el inicio se pidió incorporar seguridad privada, pero la Dirección ignoró todas las alertas”, afirman.
Ante esta situación, CSIF, CCOO y UGT exigen la suspensión inmediata del programa o, al menos, la incorporación de personal de seguridad privada en todos los centros afectados. Además, advierten de que, si no se actúa con urgencia, emprenderán acciones legales contra los responsables del distrito por lo que califican como “una política de escaparate que pone en riesgo la integridad física del personal”.
Las organizaciones sindicales también cuestionan la continuidad del actual modelo, preguntándose si la Gerencia seguirá priorizando “la propaganda de la humanización” sobre la seguridad real de las y los profesionales sanitarios. “No se puede tolerar ni un día más esta situación. La salud laboral y la integridad de quienes cuidan a los demás están en juego”, concluyen.
