La ministra de Juventud e Infancia respalda en Cádiz las demandas del sector 0-3 y confirma que el Gobierno revisará el decreto de ratios en Educación Infantil para fijar un mínimo común estatal
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció este jueves en Cádiz que el Gobierno central revisará el real decreto que regula las ratios en la Educación Infantil con el objetivo de establecer un mínimo común en todo el Estado. La modificación del decreto de ratios en Educación Infantil, según explicó, se abordará a través del Ministerio de Educación.
Rego realizó estas declaraciones tras mantener un encuentro en la capital gaditana con representantes de la Plataforma 0-3 y de la Federación de Enseñanza de CCOO, en el que también participaron los cabezas de lista de Por Andalucía por Cádiz, Esperanza Gómez y Jorge Rodríguez, así como la coordinadora estatal de Movimiento Sumar, Lara Hernández.
La reunión se enmarca en las movilizaciones que el colectivo de profesionales de la etapa 0-3 años y de Integración Social está desarrollando en la provincia de Cádiz y en otros puntos del país para reclamar mejoras laborales y una reducción de las ratios en las aulas.
Según trasladó la ministra, las reivindicaciones del sector se centran en la mejora de las condiciones salariales y laborales y en la disminución del número de alumnos por aula. Rego calificó estas demandas como “justas y legítimas” y defendió la necesidad de revisar la normativa estatal para actualizarla.
En este sentido, indicó que el Gobierno ya ha manifestado su disposición a “revisar y actualizar” el real decreto que regula las ratios en Educación Infantil para modificarlo “lo antes posible” y fijar un mínimo común en todo el territorio. La ministra subrayó que, además de la iniciativa estatal, las comunidades autónomas tienen competencias en la materia y deben actuar en el ámbito de sus responsabilidades.
Durante su intervención, Rego vinculó la situación laboral del personal educativo con la calidad del servicio que se presta en la etapa 0-3 años, que no es obligatoria pero sí clave en el desarrollo infantil. Señaló que se trata de profesionales que desempeñan tareas de cuidado y educación y defendió que los menores tienen derecho a una atención adecuada en todas las etapas educativas.
La ministra también se refirió a la gestión de los servicios públicos en Andalucía, señalando que la comunidad arrastra “precariedad estructural” en ámbitos como la educación. Sus críticas se dirigieron al Gobierno andaluz, al que instó a implicarse en la mejora de las condiciones del sector.
Por su parte, Esperanza Gómez explicó que en la reunión se abordó la situación de la Educación Infantil en la provincia y trasladó su apoyo a las reivindicaciones del colectivo. En declaraciones posteriores, afirmó que los servicios públicos andaluces atraviesan dificultades y criticó la gestión educativa de la Junta.
La coordinadora estatal de Movimiento Sumar, Lara Hernández, hizo un llamamiento a la movilización del electorado progresista en Andalucía y cuestionó la política del Ejecutivo autonómico en materia de educación y vivienda. Durante su intervención, mencionó los precios de algunas viviendas de protección oficial en Cádiz y criticó los anuncios recientes sobre promoción de vivienda pública.
El encuentro celebrado en Cádiz forma parte de la agenda política previa a las elecciones andaluzas y se produce en un contexto de movilizaciones del sector educativo en la provincia. Los profesionales de la etapa 0-3 reclaman desde hace meses una reducción de ratios, mejoras salariales y mayor reconocimiento profesional.
La regulación de las ratios en Educación Infantil depende de un marco estatal básico, desarrollado posteriormente por las comunidades autónomas. La revisión del decreto anunciada por la ministra podría abrir un proceso de negociación técnica y política en el que deberán participar tanto el Ministerio de Educación como las administraciones autonómicas.
Por el momento, no se han concretado plazos para la tramitación de la modificación del decreto de ratios en Educación Infantil ni el alcance exacto de los cambios previstos.
