Subida salarial de los empleados públicos en 2026: así queda el incremento del 2% previsto por el Gobierno

La actualización retributiva forma parte del Acuerdo Marco 2025-2028, que contempla una subida acumulada del 11% vinculada a modernización administrativa y estabilidad del empleo público

La subida salarial de los empleados públicos en 2026 ya está definida. En el marco del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios en la Función Pública, se contempla un incremento del 2% para este ejercicio, que forma parte de una senda retributiva que alcanzará un 11% acumulado hasta 2028. El pacto fue firmado en noviembre de 2025 por el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, con el objetivo de reforzar la capacidad institucional de las administraciones, modernizar el servicio público y actualizar las retribuciones de acuerdo con el contexto económico.

Este acuerdo sucede al firmado en 2022 bajo el nombre de Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que reguló las retribuciones hasta 2024. Durante ese periodo se aplicaron subidas del 3,5% en 2022, del 2,5% en 2023 más dos adicionales del 0,5% ligados a inflación y PIB nominal, y del 2% en 2024. Con el nuevo marco, la estrategia salarial se extiende hasta 2028 y añade mejoras estructurales ajenas estrictamente a la nómina.

Para el ejercicio 2026, el incremento será del 2% aplicado sobre las retribuciones ya actualizadas en 2025. Según lo estipulado en el acuerdo, la subida tiene carácter consolidable y se abonará en dos tramos: un 1,5% fijo durante el año y un 0,5% adicional en el primer trimestre de 2027 si la variación interanual del IPC de 2026 alcanza o supera el 1,5%. De cumplirse ese supuesto, el incremento se consolidaría en la retribución estructural del personal empleado público. En caso contrario, solo se aplicará el tramo fijo.

Más de tres millones de personas trabajadoras dentro del sector público serán beneficiarias de esta senda retributiva. El colectivo incluye a personal funcionario, laboral y otros regímenes de empleo dependientes de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. La mayor parte del empleo público se concentra en los servicios autonómicos, especialmente en áreas como educación, sanidad y servicios sociales, seguidos de los ayuntamientos y, en menor proporción, de la Administración Central.

El acuerdo no se limita a la subida salarial. También prevé medidas para agilizar procesos selectivos, reforzar la formación, impulsar la digitalización y mejorar las condiciones laborales, especialmente en ámbitos relacionados con la prevención de riesgos psicosociales y climáticos. También se introducirán mejoras en las indemnizaciones por razón de servicio y en los complementos de residencia e insularidad. En materia de empleo, el acuerdo incluye medidas para reducir la temporalidad, facilitar la promoción interna y reforzar los mecanismos de provisión de puestos de trabajo.

Una de las novedades destacadas del marco 2025-2028 es la creación de un Observatorio del Empleo Público y la ampliación del complemento de atención al público en aquellos servicios con fuerte interacción ciudadana. El acuerdo también prevé la ampliación del número de plazas en áreas críticas y la adaptación del perfil profesional a la transformación digital en curso mediante un plan específico de competencias digitales e inteligencia artificial.

El Ejecutivo justifica la necesidad de la actualización retributiva por el peso central del empleo público en la cohesión social, el sostenimiento del Estado del bienestar y el funcionamiento institucional. En un contexto marcado por el relevo generacional inminente en la Administración y la demanda creciente de servicios públicos, el Gobierno considera que la estabilidad y el reconocimiento profesional son condiciones necesarias para garantizar la calidad del servicio.

La senda salarial continúa en 2027, cuando se aplicará un incremento fijo del 4,5%, y finalizará en 2028 con una subida del 2%. Si se cumplen los tramos adicionales vinculados a inflación, la revalorización acumulada alcanzará el 11% al término del periodo.