Sumar exige al Gobierno aclarar los pasos para reconocer la titularidad pública de la Laguna de la Janda

La diputada Esther Gil solicita saber qué actuaciones prevé el Ministerio para inscribir como dominio público parte del humedal y cuándo se convocará la mesa de diálogo comprometida

La diputada nacional de Sumar por la provincia de Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha registrado una pregunta en el Congreso para conocer cuáles son las actuaciones que tiene previsto emprender el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación con la titularidad pública de una parte de la Laguna de la Janda. El escrito reclama información concreta sobre los pasos que piensa dar el Gobierno para la inscripción y el reconocimiento formal de las hectáreas que corresponden a la Administración General del Estado, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 1967 y de los deslindes realizados en aquella época.

La diputada también ha solicitado que el Ejecutivo aclare cuándo convocará la mesa de diálogo sobre la recuperación de la Laguna de la Janda, un órgano comprometido por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para septiembre de 2025, cuya puesta en marcha sigue pendiente.

En su exposición, Sumar recuerda que la Laguna de la Janda, situada entre Vejer de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas y Tarifa, fue históricamente el mayor humedal interior de la península ibérica, llegando a alcanzar más de 4.000 hectáreas de superficie inundada. Su posición estratégica en el corredor migratorio del Estrecho de Gibraltar convierte este espacio en un enclave de enorme valor ecológico, fundamental para miles de aves acuáticas y migratorias que conectan Europa y África.

Según Gil, la recuperación de la laguna no solo responde a una cuestión medioambiental, sino que representa un compromiso de España con sus obligaciones internacionales en materia de conservación de humedales, biodiversidad y lucha contra el cambio climático. Sin embargo, pese a ese valor ecológico, el terreno que ocupaba el antiguo vaso lagunar continúa en manos privadas desde su desecación en los años 50.

La diputada subraya que una sentencia del Tribunal Supremo de 1967 reconoció expresamente que una parte sustancial del humedal, al menos un tercio, pertenece al dominio público hidráulico estatal, dando plena validez a los deslindes practicados por el Gobierno. No obstante, esa resolución judicial nunca ha sido ejecutada, lo que ha permitido que grandes propietarios mantengan el control efectivo del territorio y continúen explotándolo a título privado, en contradicción con el fallo judicial y con la propia normativa estatal en materia de aguas y bienes de dominio público.

Sumar también señala la posición de la Junta de Andalucía, que tras un expediente de investigación patrimonial concluyó que los terrenos son de titularidad privada basándose en títulos derivados de la antigua concesión de aguas para la desecación. La Administración autonómica, consciente del conflicto jurídico, remitió hace dos años ese expediente al Ministerio para la Transición Ecológica para que determinara oficialmente si existe dominio público hidráulico estatal. Según denuncia la diputada, a día de hoy el Estado no ha emitido una resolución definitiva sobre esta cuestión.

La formación reclama ahora que el Gobierno clarifique su hoja de ruta y concrete si tiene previsto ejecutar por fin la sentencia del Supremo, iniciar los procedimientos administrativos necesarios para recuperar la titularidad pública de la superficie afectada e impulsar los compromisos adquiridos en materia de diálogo y participación institucional para la restauración ambiental de la Laguna de la Janda.