Sumar propone que los bienes de la Fundación Casa de Medina Sidonia pasen a titularidad pública
El grupo parlamentario ha registrado una iniciativa en el Congreso para proteger el patrimonio histórico de la Casa de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda y garantizar su conservación.

El grupo parlamentario plurinacional de Sumar ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para reclamar que los bienes de la Fundación Casa de Medina Sidonia adquieran titularidad pública. La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Cultura, busca preservar un patrimonio considerado de “valor excepcional” tras los conflictos de propiedad surgidos en los últimos años.
Según recoge la PNL registrada, Sumar insta al Gobierno de España a convocar a las administraciones públicas —Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda— para coordinar las gestiones necesarias que permitan incorporar estos bienes al dominio público. Estas instituciones forman parte del patronato de la Fundación y mantienen activa su responsabilidad.
El patrimonio afectado incluye el Palacio de los Guzmán, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1978, así como todos los bienes muebles del inmueble y el Archivo General, que alberga 6.318 legajos de gran relevancia histórica, paleográfica y archivística.
La propuesta de Sumar responde a la situación de incertidumbre creada tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz en 2018, que adjudicó dos tercios de los fondos dotacionales de la Fundación a los herederos de la fundadora, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, dejando solo un tercio bajo control de la entidad. Además, uno de los tercios hereditarios permanece en usufructo de la viuda de uno de los herederos, actual presidenta de la Fundación.
El grupo parlamentario advierte que esta fragmentación “complica gravemente la gestión, conservación y difusión” de un patrimonio de gran interés público y considera necesaria la intervención urgente de las administraciones para asegurar su preservación.
En su exposición de motivos, Sumar subraya la vocación pública de la Fundación desde su origen y propone que los bienes separados por la sentencia pasen a manos de una institución pública integrada por los actuales patronos, garantizando así una gestión unificada y estable para el futuro.