Un convenio con el IAM y la asociación TOGAYTHER permitirá localizar casos de discriminación sexual en entornos rurales y zonas con menor acceso a recursos
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha puesto en marcha un protocolo para la detección de víctimas de violencia de género entre la población atendida por el servicio de teleasistencia de la Junta de Andalucía. El nuevo protocolo es un paso más hacia un sistema único de atención a las víctimas de la violencia machista, fruto de la colaboración entre el Servicio Andaluz de Teleasistencia (gestionado por la ASSDA) y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Asimismo, la colaboración con la asociación TOGAYTHER permitirá a este servicio de teleasistencia ofrecer atención de la diversidad afectivosexual, de género y familiar de los usuarios.
Para la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, estos protocolos «ratifican el compromiso de este departamento para poner todas las herramientas posibles al servicio de la lucha contra la erradicación de la violencia machista y en favor de la diversidad sexual y contra la discriminación y los discursos de odio«.
Así, ha subrayado la apuesta de la Consejería «por mejorar no solo los procesos de prevención, atención y recuperación de las víctimas, sino también ampliando los recursos destinados a estos fines», ya sea en los centros de acogida, que han visto aumentados su presupuesto en un 7% y su plantilla, o en las subvenciones a asociaciones, que han crecido un 5%.
El Servicio Andaluz de Teleasistencia mantiene una atención continuada y personalizada las 24 horas del día los 365 días del año a más de 237.830 personas mayores, en situación de dependencia y con discapacidad, «lo que la convierte en una llave para acceder a atención, a compañía, a escucha y también para dar la voz de alerta ante cualquier situación de riesgo». El perfil medio de las personas titulares de teleasistencia es mayoritariamente femenino, 8 de cada 10 son mujeres (el 80%) y el 69% tiene una edad de 80 o más años (media de 82 años).
No obstante, son muchas más las que disfrutan de las prestaciones de este servicio, teniendo en cuenta a las personas convivientes de más de 65 años y a quienes ejercen los cuidados no profesionales, que pueden hacer uso del servicio y se les presta la misma atención que a las titulares.
La amplia cobertura que tiene este servicio de teleasistencia en todo el territorio andaluz permite llegar a los hogares de muchas mujeres que viven en entornos rurales o en zonas con menor acceso a los recursos de la red, acercándoles estos recursos que les permitan salir de una posible situación de violencia de género.
Así, el servicio de atención directa permite un contacto cercano con un amplio colectivo de mujeres, lo que facilita la valoración, y en caso necesario, alertar sobre los niveles de riesgo potencial de violencia de género. Además, desde este servicio se gestionan otros teléfonos de atención social para personas mayores, con discapacidad y de atención a la infancia y adolescencia, que se beneficiarán asimismo de este procedimiento de detección.
«Es un proyecto muy ambicioso y en el que hemos puesto muchas expectativas, porque saben que realmente no conocemos la magnitud de la violencia de género», ha resaltado Ruiz, «nuestro objetivo es que cada vez afloren más casos».
El protocolo contempla la detección de posibles situaciones de violencia de género entre la población atendida, la información y derivación a los recursos especializados dependientes del Instituto Andaluz de la Mujer, como el Teléfono 900 de Atención a la mujer, que ha multiplicado por diez su presupuesto durante esta legislatura y ahora está atendido por personal especializado, lo que ha permitido un mejor servicio para esas más de 38.000 llamadas recibidas durante el año 2020. El acuerdo incluye también una actuación a largo plazo, acompañando en el proceso de recuperación de la mujer a través de llamadas de seguimiento periódico.
Por otro lado, también se aborda el desgaste profesional que vive el personal de atención directa al ser testigo del sufrimiento de las víctimas de violencia de género. Para ello, facilita estrategias de autoconciencia y autocuidado a fin de que el impacto emocional no repercuta negativamente en la toma de decisiones sobre la víctima, ni en su equilibrio emocional.
Protocolo para atender al colectivo LGTBI
En la misma línea, la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía (ASSDA) ha suscrito un convenio de colaboración con la asociación TOGAYTHER para detectar entre sus usuarios necesidades asociadas al colectivo LGTBI y ofrecer así, siempre que el usuario consienta, atención de la diversidad afectivosexual, de género y familiar de los usuarios.
Por su parte, desde TOGAYTHER se comprometen a ofrecer atención, acompañamiento y seguimiento a esas personas usuarias procedentes del SAT, así como información o incluso derivación a algunos de los recursos con los que cuenta la entidad, desde asesoramiento jurídico a psicológico o de salud sexual.
«Medidas como éstas afianzan la lucha para la erradicación de la violencia de género como una de nuestras prioridades», ha insistido Ruiz, destacando además su compromiso de apoyo a la diversidad y contra la discriminación por cuestión de orientación sexual. Para ello, Igualdad ha ampliado en los últimos dos años el crédito para las ayudas a asociaciones enfocadas en la igualdad de trato y no discriminación de personas LGTBI hasta en un 35%, al tiempo que se ha logrado la inclusión en los formularios de la tercera casilla «otros», junto a hombre y mujer, la puesta en marcha de la primera campaña en Andalucía para conmemorar el Día del Orgullo LGTBI o la constitución del primer Consejo Andaluz LGTBI.
La Consejería ultima además la formulación del ‘I Plan de Acción Interdepartamental para la Igualdad y no discriminación LGTBI 2021-2024’, un documento de trabajo y ruta que recogerá las políticas en materia LGTBI que se lleven a cabo por todas las consejería de la Junta de Andalucía.