La sección sindical de CSIF en el Consistorio considera que el mal llamado “milagro económico” que vende la alcaldesa no debería anteponerse a la seguridad del personal municipal y de los propios ciudadanos
A raíz de una denuncia interpuesta por la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de San Fernando, la Inspección de Trabajo ha obligado a esta administración a contratar con carácter de urgencia el mantenimiento de los equipos de protección contraincendios en las dependencias municipales.
El pasado mes de marzo esta sección sindical puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo la caducidad y carencia de extintores en distintos servicios municipales, así como de las oportunas revisiones y mantenimiento contraincendios en varias dependencias del Ayuntamiento. Al parecer, la carencia de contrato municipal contraincendios había caducado en enero, provocando esta situación que, a juicio de CSIF es un “auténtico despropósito”. De hecho, esta falta de previsión supuso un grave riesgo para los trabajadores y la ciudadanía en San Fernando, que pudo haber dado lugar a hechos de extrema peligrosidad. Hay que recordar que el Ayuntamiento también es responsable de los equipos contraincendios en los colegios de Infantil y Primaria de la ciudad.
La carencia de contrato implicó también que en determinados momentos los agentes de la Policía Local de San Fernando tuvieran que patrullar sin los preceptivos extintores en sus vehículos al no existir otros para su reposición, y por tanto sin los mínimos medios de emergencia ante cualquier incendio o conato, teniendo constancia de la existencia de informes al respecto, los cuales, al parecer, fueron completamente ignorados por los regidores municipales.
Ante tales hechos el sindicato interpuso la correspondiente denuncia y fue tras requerimiento de la Inspección de Trabajo cuando el Ayuntamiento se vio obligado a solventar este problema de manera urgente.
Este sindicato entiende que lo que la alcaldesa llama pomposamente “milagro económico”, en relación al superávit que registran las arcas municipales, no debe fundamentarse en la omisión de servicios tan esenciales como aquellos cuya carencia ponen directamente en riesgo la vida y la seguridad de los empleados públicos en particular y de la ciudadanía en general.