Una sentencia obliga a 24 chiringuitos en Rota y Tarifa a desmontarse tras el verano

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obliga a 24 chiringuitos en Rota y Tarifa a desmontarse tras el verano al anular la modificación que permitía mantener sus estructuras todo el año.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obligará a 24 chiringuitos en Rota y Tarifa a desmontar sus instalaciones al término de la temporada de verano, después de que el alto tribunal haya anulado la modificación de la concesión que permitía a estos establecimientos mantener sus estructuras en la arena durante todo el año.

El fallo estima el recurso presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) contra esa modificación, que afectaba a locales considerados desmontables y que, desde 2014, podían permanecer abiertos fuera de la temporada alta con el objetivo de favorecer la actividad turística durante todo el año en la provincia de Cádiz.

La Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz (Aecca) ha mostrado su preocupación por las consecuencias de la resolución judicial, que, según sus datos, afecta a una veintena de negocios en los municipios de Rota y Tarifa. Estos establecimientos deberán cesar su actividad y retirar sus estructuras una vez concluya el verano si no se produce un cambio en la situación administrativa.

Según ha explicado el presidente de Aecca, Antonio Guerrero, la sentencia considera que en el procedimiento administrativo faltó una ronda de consultas entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, trámite que la normativa exige en el caso de establecimientos fijos. El núcleo del litigio radica en la consideración de estos chiringuitos como instalaciones desmontables o fijas.

La modificación aplicada en 2014 por Costas permitió que los establecimientos desmontables pudieran operar durante todo el año. El Ministerio recurrió al entender que no se había completado correctamente el procedimiento administrativo, al considerar que las instalaciones no tenían carácter desmontable y que, por tanto, era necesario un trámite adicional de consulta institucional.

Desde Aecca sostienen que los chiringuitos afectados son estructuras desmontables, es decir, que pueden retirarse de la playa al finalizar su vida útil sin dejar edificaciones permanentes en el litoral. La asociación diferencia estos casos de otros modelos existentes en el litoral andaluz, donde existen construcciones de obra.

El presidente del colectivo empresarial ha señalado que mantendrán una reunión el próximo 2 de julio con el secretario de Estado de Medio Ambiente para abordar la situación y trasladar su posición. Según ha indicado, confían en que pueda explorarse alguna vía que evite el desmantelamiento de los negocios afectados tras el verano.

En caso de que no se produzcan cambios, la asociación ha avanzado que estudiará medidas para intentar frenar la ejecución de la sentencia. No obstante, por el momento no se han concretado cuáles podrían ser esas actuaciones.

Los empresarios consideran que la resolución genera inseguridad jurídica en el sector y afecta a inversiones realizadas en los últimos años para mantener la actividad fuera de la temporada estival. También apuntan a la repercusión que podría tener sobre el empleo vinculado a estos establecimientos de playa.

El conflicto administrativo se enmarca en un debate más amplio sobre la regulación de los usos del dominio público marítimo-terrestre y las competencias de las distintas administraciones. Desde Aecca atribuyen la situación a discrepancias entre administraciones sobre la interpretación de la normativa de Costas.

Por ahora, la consecuencia directa de la sentencia es que los 24 chiringuitos en Rota y Tarifa deberán desmontarse tras el verano si no se adopta una solución alternativa. La resolución judicial afecta a negocios que venían desarrollando su actividad durante todo el año desde hace más de una década bajo la modificación ahora anulada.

La evolución de las negociaciones previstas para principios de julio será determinante para conocer si los establecimientos podrán mantener su actividad anual o si, por el contrario, deberán ajustarse al criterio fijado por el TSJA y limitar su funcionamiento a la temporada autorizada.