Unas 300 personas se concentran en Cádiz contra el desahucio de Maricarmen en Madrid

La concentración contra el desahucio de Maricarmen, convocada por el Sindicato de Inquilinas ante la Subdelegación del Gobierno, sirvió también para advertir de la situación de Fani y Sonia, dos vecinas de Cádiz que, según el colectivo, podrían perder sus viviendas.

Unas 300 personas, según el Sindicato de Inquilinas de Cádiz, se concentraron este miércoles 23 de septiembre ante la Subdelegación del Gobierno para protestar por el desahucio de Maricarmen, ejecutado esa mañana en Madrid. La convocatoria se difundió con pocas horas de antelación y comenzó a las 19:00 horas.

El colectivo denunció la actuación policial durante el desalojo y reclamó responsabilidades al Ministerio de Vivienda, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. La descripción de los hechos en Madrid y la atribución de responsabilidades proceden del comunicado del sindicato; la información facilitada no incluye la versión de las administraciones señaladas.

La concentración contra el desahucio de Maricarmen tuvo también un motivo cercano para sus participantes. El sindicato recordó los casos de Fani y Sonia, dos vecinas de Cádiz que, según la organización, se enfrentan a procedimientos que podrían acabar con la pérdida de sus viviendas. El colectivo responsabiliza en ambos casos a la Junta de Andalucía y pide una solución habitacional.

Una de las portavoces resumió durante el acto el vínculo que establece el sindicato entre lo ocurrido en Madrid y los casos gaditanos: «Hoy han desahuciado a Maricarmen, pero mañana puede ser cualquiera de nosotras, y aquí en Cádiz ya tenemos nombres y apellidos». La organización llamó a acompañar a Fani y Sonia en las próximas actuaciones judiciales.

En relación con el desalojo de Madrid, el sindicato señaló expresamente a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Sostiene que las tres administraciones tenían capacidad para intervenir. El comunicado no precisa qué actuaciones concretas solicitó a cada una antes del desahucio.

Las participantes expresaron asimismo su rechazo a los discursos que atribuyen a las personas migrantes la falta de vivienda. «Los que nos quitan las casas son los especuladores, no las migrantes», defendió el sindicato, que situó el problema en la actividad de propietarios e inversores que obtienen beneficios del mercado residencial.

La organización vinculó simbólicamente la protesta con la celebración de una feria inmobiliaria en Madrid. En su comunicado contrapuso ese encuentro al desalojo de Maricarmen para criticar que, a su juicio, la vivienda se trate como una oportunidad de negocio mientras otras personas tienen dificultades para conservar su hogar.

El sindicato anunció una asamblea extraordinaria para la próxima semana en las Bóvedas de San Germán. Allí prevé abordar la respuesta a los casos de Fani y Sonia y las próximas acciones relacionadas con la vivienda en Cádiz. La comunicación difundida tras la protesta no concreta el día ni la hora de esa reunión.

La movilización gaditana formó parte, según el colectivo, de una convocatoria de sindicatos de inquilinas en varias ciudades durante la misma jornada. En Cádiz, la protesta reunió las denuncias por el desahucio de Maricarmen y la preocupación por dos procedimientos locales cuyo resultado aún está pendiente.