Los diputados Miguel Ángel Bustamante y Juan Antonio Delgado se hacen eco de la denuncia sindical sobre acoso laboral y disminución de efectivos de vigilancia en este importante complejo petroquímico
Unidas Podemos ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados en relación a la situación de conflictividad que se está viviendo en el servicio de vigilancia en la empresa CEPSA de la localidad de San Roque y que ha sido denunciada por delegados sindicales de CCOO en Prosegur, empresa que tiene encargada las labores de vigilancia y seguridad por parte de CEPSA.
Los diputados de Unidas Podemos, Miguel Ángel Bustamante y Juan Antonio Delgado, se han hecho eco de la denuncia planteada por los representantes sindicales en un encuentro mantenido con la diputada provincial de IU, Carmen Álvarez y el secretario provincial de PCA Cádiz y miembro de la dirección provincial de IU Cádiz, Samuel Versaci, en el que relataron la persecución sindical, vulneración de derechos y recortes de personal que sufre la plantilla, lo que está desembocando en situaciones de inseguridad en el complejo petroquímico al verse mermados sus efectivos de vigilancia.
Así, los diputados de Unidas Podemos preguntan al Gobierno si ha adoptado “alguna medida extraordinaria para garantizar la correcta prestación del servicio de seguridad en el complejo petroquímico de la empresa CEPSA en San Roque (Cádiz) ante la situación de conflictividad laboral existente en el mismo”. Alude la pregunta al “importante deterioro de las relaciones laborales” en el complejo de CEPSA, en el que trabajan en torno a 60 trabajadores en el servicio de vigilancia que presta Prosegur; una situación que “viene provocando denuncias de abuso de autoridad o de falta de cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de los representantes legales de la plantilla y por el sindicato CCOO, además de movilizaciones de este colectivo” y que para el grupo parlamentario de Unidas Podemos es “preocupante” por sus repercusiones en la correcta prestación del mismo.
En una segunda pregunta, Bustamante y Delgado se interesan por “los mecanismos de fiscalización que lleva a cabo el Ministerio del Interior de los protocolos y medios de seguridad que tiene el Gobierno en las instalaciones de complejo petroquímico del Campo de Gibraltar”; si “se ha realizado algún informe respecto a este asunto en los últimos cinco años”, y de ser así, “de qué informe se trata”. La pregunta hace referencia a la cercanía a zonas pobladas de este importante complejo petroquímico (compuesto por una refinería y distintas plantas químicas pertenecientes a la empresa CEPSA, al que se unen otros centros del mismo sector pertenecientes a otras compañías) e incide en “las especiales características de estas infraestructuras de producción, catalogadas como críticas desde el punto de vista de la seguridad y que conlleva unos protocolos especiales de control que corren a cargo del Ministerio del Interior”.
Finalmente, la tercera de las iniciativas dirigidas a la Mesa del Congreso por Unidas Podemos, alude al suceso que tuvo lugar en el pasado mes de noviembre en las instalaciones de CEPSA, en la que se produjo la intrusión violenta de un vehículo en las instalaciones de CEPSA durante una persecución policial, sin que las medidas previstas en los protocolos de seguridad para este tipo de situaciones pudieran evitarlo. Así, los diputados preguntan si “tiene constancia el Gobierno de la intrusión violenta de un vehículo durante una persecución policial en las instalaciones del complejo petroquímico de la compañía CEPSA en San Roque”; “en caso afirmativo, qué actuaciones ha llevado a cabo al respecto” y “qué medidas se han dictado y ejecutado para evitar la repetición de incidentes de esta naturaleza en esta infraestructura crítica”. Denuncia Unidas Podemos que estos hechos tuvieron lugar después de una reducción del 50% de la plantilla de vigilantes de seguridad que prestan sus servicios en los diferentes controles de acceso del complejo petroquímico, una situación que, sin embargo, no provocó cambios en los protocolos de actuación de vigilancia, pese a la merma de personal.