Esto podría suceder dado que la LOMLOE deja clara su preferencia por la escuela pública, que en el caso del tramo 0-3 años, en Andalucía tan sólo atañe a 171 centros de titularidad de la Junta de Andalucía y 560 municipales, que representan tan sólo el 30% del total
La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FEUSO) de Andalucía alerta de que la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), la nueva ley educativa conocida como ‘Ley Celaá’ al estar promovida por la ministra de Educación, Isabel Celaá, aparte de suponer un ataque a la enseñanza concertada o la Educación Especial, entre otros, pondrá en serio riesgo la viabilidad de casi el 70% de los centros de educación infantil 0-3 años de la región, que en su mayoría son centros de titularidad no pública, bien adheridos al programa de ayuda a las familias de la Junta de Andalucía –en torno a 1.360– o completamente privados –en torno a 217–, y que dan empleo a unas 10.000 personas.
Esto podría suceder dado que la Ley Celaá deja clara su preferencia por la escuela pública –que en el caso del tramo 0-3 años, en Andalucía tan sólo atañe a 171 centros de titularidad de la Junta de Andalucía y 560 municipales, que representan el 30% del total–, señalando al resto de centros adheridos y autorizados como redes de apoyo auxiliares a la pública como prescindibles allá donde no sean necesarios para completar la oferta de plazas que tenga la pública.
En concreto, la LOMLOE deja clara su voluntad de impulsar este ciclo en su Disposición adicional tercera: Extensión de la Educación Infantil. “En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance hacia una oferta pública suficiente con equidad y calidad y garantice su carácter educativo. En su progresiva implantación se tenderá a la extensión de su gratuidad, priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización”.
El borrador de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año ya da el primer paso en esta dirección al aprobar que se destinarán 200 millones de euros para “la creación de plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años”.
“La Ley Celaá pone más y más trabas e impedimentos a la propia existencia del sector, con el riesgo evidente para muchos miles de puestos de trabajo y de centros enteros en los próximos años”, sostiene la secretaria general de FEUSO Andalucía, María de la Paz Agujetas, quien destaca también la importante labor educativa y asistencial que se realiza desde estos centros. “Los profesionales de esta etapa desarrollan un trabajo fundamental para el desarrollo de las habilidades cognitivas básicas de los niños, ya que el ciclo 0 a 3 años es estratégicamente importante porque marca el ingreso del alumnado en el sistema educativo. Además, ¿qué gestor político se atrevería a condenar a 10.000 puestos de trabajo cualificados a su desaparición”, se cuestiona Agujetas.
A fin de evitar una “auténtica catástrofe laboral” en este sector y aprovechar su “enorme aportación al desarrollo cognitivo de cientos de miles de niños y niñas”, desde FEUSO Andalucía apelan a las administraciones públicas, por responsabilidad social, a habilitar diferentes vías de financiación necesarias que hagan efectivo el derecho universal a la escolarización en el ciclo 0 a 3 años para todas las familias. En concreto, desde la Federación de Enseñanza de la USO se apuesta por extender la gratuidad universal del ciclo 0 a 3 años en todos los centros. “Es el elemento clave para asegurar la viabilidad y el futuro del sector”, subraya María de la Paz Agujetas.
Asimismo, a fin de mantener el empleo, y más en estos momentos de pandemia, para un sector mayoritariamente femenino que está viendo cómo su futuro laboral se encuentra en grave peligro, desde FEUSO se considera necesario establecer mejoras salariales, laborales y de seguridad y salud para todo el colectivo.