El 75% de los 2.321 centros educativos específicos para menores de 0-3 años en la comunidad autónoma andaluza son adheridos, es decir, cuya titularidad no corresponde a la Junta de Andalucía
La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (USO) de Andalucía (FEUSO-Andalucía) ha reclamado a la administración educativa que garantice las medidas económicas necesarias para garantizar la supervivencia del 75% de los Centros de Educación Infantil para alumnos de 0-3 años en Andalucía, cuya viabilidad y correcto funcionamiento puede verse seriamente comprometido por la deriva de la crisis sanitaria originada por la COVID-19.
Esta medida para garantizar la viabilidad de dichos centros pasaría por extender de forma excepcional durante julio y agosto la subvención que se les otorga a aquellos centros adheridos al programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización de educación infantil y cuya titularidad no corresponde a la Junta de Andalucía.
De forma paralela, y tal y como ha solicitado a nivel nacional la Mesa Negociadora del XII Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil —en la que se agrupan las organizaciones patronales ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3, y las organizaciones sindicales CCOO, FeSP-UGT, FSIE y la propia USO—también se solicita que administración prorrogue los ERTEs por fuerza mayor, de tal forma que en aquellos casos en los que los centros de educación infantil no puedan abrir, el personal afectado por dicha medida pueda seguir percibiendo la prestación correspondiente.
Medidas para el próximo curso
Asimismo, también se considera esencial que Educación concrete de qué manera se va a planificar la vuelta en el próximo curso escolar y cuáles serán las normas claras que permitan la reapertura de los centros educativos. En este sentido, resultará imprescindible garantizar las medidas higiénico-sanitarias para que el retorno a las aulas, tanto de las trabajadoras como de los alumnos, se haga en condiciones que no pongan en peligro la salud ni de unos, ni de otros. Por ello, se solicita a la administración pública que sea la encargada de velar por el correcto cumplimiento e implantación de estas medidas y dote las ayudas necesarias para materializarlas.