El sindicato Ustea Cádiz ha denunciado públicamente que el colegio concertado Salesianas, situado en la ciudad de Cádiz, ha habilitado su patio como aparcamiento para vehículos, aprovechando la afluencia turística para obtener beneficios económicos. Según Ustea, esta práctica supone una actividad lucrativa en un centro financiado con fondos públicos, lo que consideran contrario al espíritu del concierto educativo.
La denuncia se ha difundido a través de redes sociales y plantea una serie de interrogantes sobre la legalidad y la ética de esta decisión. «¿Es legal que un colegio monte un negocio para enriquecerse? ¿Lo permite el contrato de concierto con la Junta de Andalucía?», se preguntan desde Ustea. El sindicato subraya que la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Ley Celaá (LOMLOE) prohíben expresamente que los centros concertados cobren a las familias por conceptos ajenos a la enseñanza reglada. Por ello, consideran incoherente que sí puedan cobrar por servicios a la ciudadanía como un aparcamiento.
El colegio Salesianas, como centro concertado, recibe subvención pública por parte de la Junta de Andalucía, lo que en opinión del sindicato debería implicar una mayor fiscalización sobre las actividades que desarrolla. “Si obtiene beneficios con este negocio privado, ¿realmente necesita ser concertado?”, cuestionan desde Ustea, al tiempo que piden que se investigue si esta actividad se ajusta al marco legal vigente.
Ustea también plantea si el uso del patio escolar para una actividad distinta a la educativa podría suponer un incumplimiento del destino de los recursos e instalaciones financiadas con dinero público. Asimismo, critican que esta actividad se realice en pleno verano, coincidiendo con el auge del turismo en la ciudad, lo que a su juicio refleja una intención claramente lucrativa.
Hasta el momento, ni la Delegación Territorial de Educación ni la dirección del centro han ofrecido una respuesta oficial sobre esta denuncia.
Desde Ustea anuncian que elevarán el caso a las autoridades competentes y exigen a la Junta de Andalucía que revise si esta práctica es compatible con la normativa de los conciertos educativos y con el principio de equidad en la escuela pública.
