Vecinos del bloque de Nelson Mandela 7 llevan mes y medio sin luz común y con el ascensor averiado, según AIG

La situación del bloque de Nelson Mandela 7 afecta especialmente a residentes con movilidad reducida y se suma a deficiencias de seguridad y mantenimiento denunciadas tras un incendio

Los residentes del bloque de viviendas públicas de Nelson Mandela 7, en Cádiz, llevan un mes y medio sin suministro eléctrico en las zonas comunes y con el ascensor fuera de servicio, según ha denunciado Adelante Izquierda Gaditana (AIG). La formación reclama una intervención del Ayuntamiento, Procasa y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la que identifica como titular del inmueble.

La avería del ascensor afecta especialmente a las personas con movilidad reducida. Entre los residentes se encuentra un joven con un 85% de discapacidad y una enfermedad respiratoria grave que requiere oxígeno, para quien utilizar las escaleras supone un importante esfuerzo. AIG ya advirtió en abril de que la falta de ascensor le impedía salir de su vivienda con normalidad.

La portavoz adjunta de AIG, Helena Fernández, sostiene que las familias llevan años trasladando reclamaciones al Ayuntamiento de Cádiz, Procasa, la Junta de Andalucía y los defensores del pueblo andaluz y estatal. La formación señala que tres vecinas, entre ellas la presidenta de la comunidad, están realizando gestiones para tratar de resolver los problemas del edificio.

La falta de electricidad en las zonas comunes y la avería del ascensor se añaden a las consecuencias de un incendio registrado el 24 de junio en una de las viviendas. Tras el fuego, según la información difundida por AIG, se presentó una denuncia ante Sanidad para conseguir la retirada de los residuos y la limpieza del inmueble afectado.

La limpieza se llevó a cabo posteriormente, aunque la vivienda permanece cerrada y deteriorada, de acuerdo con la denuncia de la formación. Durante la intervención por el incendio, los bomberos retiraron varias placas del techo del portal que todavía no han sido repuestas, por lo que permanecen a la vista tuberías, cables y conexiones eléctricas.

Los residentes también han alertado de la presencia de muebles, bicicletas y otros objetos en las escaleras y los rellanos situados entre las plantas sexta y séptima. Otros muebles bloquean, según su relato, el acceso al cuarto de contadores, lo que podría dificultar una intervención en caso de avería o emergencia.

A estas deficiencias se suman problemas de convivencia. AIG indica que algunos vecinos han comunicado a la familia del joven con discapacidad la existencia de amenazas graves y denuncias relacionadas con esta situación, sin aportar más detalles sobre esos episodios.

El vecindario mantiene abierta una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz y ha presentado reclamaciones ante el Defensor del Pueblo de España. El 15 de octubre registró además una denuncia formal ante Urbanismo para solicitar una inspección urgente del inmueble por un posible incumplimiento del deber de conservación.

Durante la semana anterior a la difusión de la denuncia, los residentes volvieron a enviar al alcalde de Cádiz fotografías y vídeos de las deficiencias. Fernández afirma que la comunidad ha documentado los problemas y acudido a diferentes instituciones sin que las gestiones hayan dado lugar a una solución definitiva.

AIG pide que se restablezcan el suministro eléctrico de las zonas comunes y el funcionamiento del ascensor. También solicita una revisión de las instalaciones afectadas por el incendio, la reposición de los elementos retirados en el portal y actuaciones ante las deficiencias de mantenimiento acumuladas.

La formación dirige sus reclamaciones al Ayuntamiento de Cádiz, a través de la empresa municipal de vivienda Procasa, y a AVRA. Además de las reparaciones inmediatas, propone un plan integral para el edificio que incluya medidas concretas, plazos de ejecución e información para los residentes.

Fernández considera que los problemas no se limitan al caso del joven que necesita oxígeno, sino que afectan a las condiciones de accesibilidad, seguridad y habitabilidad de toda la comunidad. La portavoz adjunta reclama que las administraciones implicadas determinen las actuaciones necesarias y atiendan las peticiones trasladadas por el vecindario.