Veinte investigados por una presunta estafa a una aseguradora en Cádiz de 659.345 euros

La investigación sobre la estafa a una aseguradora en Cádiz atribuye a una exempleada 726 pagos indebidos entre 2018 y 2021 y rastrea movimientos en 59 cuentas bancarias

La Policía Nacional ha dado por esclarecida una presunta estafa a una aseguradora en Cádiz por un importe total de 659.345 euros y ha vinculado judicialmente a 20 personas con los hechos. La investigación se centra en 726 pagos que habrían sido tramitados de manera indebida por una exempleada de la delegación provincial de la compañía entre 2018 y 2021.

La operación, denominada Payment, comenzó en agosto de 2023 tras una denuncia presentada por la representación procesal de la aseguradora. La empresa había detectado las operaciones durante una auditoría interna, que identificó transferencias por supuestos gastos de suplidos dirigidas a 40 cuentas bancarias.

Los suplidos son gastos derivados de determinados servicios que inicialmente asume la persona asegurada y que después son reintegrados por la compañía. La exempleada investigada desarrollaba precisamente funciones relacionadas con la gestión y tramitación de estos pagos, según la información difundida el 5 de octubre por la Policía Nacional.

Las pesquisas se dirigieron a reconstruir el recorrido de las cantidades presuntamente desviadas, conocer su destino final y determinar si habían intervenido otras personas. Para ello, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Cádiz analizaron los movimientos de los beneficiarios asociados a los supuestos suplidos.

El examen policial abarcó un total de 59 cuentas bancarias, una cifra superior a las 40 que recibieron inicialmente las transferencias identificadas por la auditoría. El análisis de esas operaciones y el resto de las diligencias permitió establecer, según la Policía, un flujo de dinero entre la antigua trabajadora de la aseguradora y terceras personas.

Los investigadores sostienen que algunas de esas personas habrían recibido cantidades procedentes de los pagos presuntamente indebidos. Otras habrían obtenido parte del dinero a cambio de una supuesta intermediación en los trámites utilizados para hacer efectivas las operaciones.

El dinero se habría movido mediante transferencias bancarias, imposiciones en efectivo y entregas directas. De acuerdo con las pesquisas, en algunos casos se recurrió a ingresos en metálico para dificultar el seguimiento de los fondos y mantener el anonimato de quienes se beneficiaban de ellos.

El análisis de la documentación y de los movimientos bancarios permitió a los agentes establecer conexiones económicas entre los distintos implicados. Los informes policiales y las declaraciones de testigos incorporadas a las diligencias derivaron en la investigación judicial de 20 personas por su presunta relación con el fraude.

La Policía considera que las actuaciones han permitido esclarecer un delito continuado de estafa y reconstruir el recorrido de una parte de las cantidades presuntamente defraudadas. La operación se ha desarrollado por la UDEF de Cádiz en coordinación con la autoridad judicial competente.