Verdemar denuncia fianza de 10.000 euros para seguir en la causa por los rellenos en Gibraltar
La organización ecologista critica que la exigencia judicial dificulta su acción popular contra los vertidos en la Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental
Verdemar-Ecologistas en Acción ha criticado la imposición de una fianza de 10.000 euros por parte del juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea de la Concepción (Cádiz) para poder seguir personados en la causa judicial abierta por los vertidos de tierra y escollera en Gibraltar. Esta cantidad les ha sido requerida para ejercer la acción popular y presentar una querella criminal sobre los rellenos que afectan a la Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental.
En un comunicado, Verdemar ha manifestado su comprensión ante la obligación legal del juez según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero ha subrayado que la fianza resulta «inasumible» para una organización que se financia únicamente con las aportaciones de sus socios y no recibe subvenciones públicas. Por ello, han anunciado que estudian otros caminos legales para seguir defendiendo el patrimonio natural ante lo que califican como «ataques medioambientales».
La causa se originó tras una denuncia presentada por Verdemar ante la Fiscalía, en la que alertaban del transporte de piedra de escollera desde la cantera de Casares (Málaga) para la ampliación conocida como Marina Eastside en Gibraltar. Este proyecto fue anunciado por el gobierno de Gibraltar al realizar un contrato de arrendamiento de terrenos en Eastside con la empresa The TNG Global Foundation (TNG).
En mayo de 2025, la Fiscalía elevó la denuncia al Juzgado, señalando que los hechos podrían constituir un delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Los escombros y escollera se estarían depositando en la Zona de Especial Conservación del Lugar de Importancia Comunitaria ES6120032, que forma parte de la Red Natura 2000 en la región biogeográfica mediterránea.
La presión judicial sobre Verdemar añade un nuevo capítulo a la controvertida ampliación en Gibraltar, que ha generado preocupación en organizaciones ecologistas y sectores locales por el impacto ambiental en una zona protegida. La exigencia de la fianza podría limitar la capacidad de grupos ciudadanos para intervenir en procesos legales que afectan directamente a su entorno.
Verdemar ha reiterado su compromiso con la defensa del medio ambiente y su intención de continuar con acciones legales y sociales para frenar los vertidos ilegales en la zona. La organización insiste en que el patrimonio natural del Estrecho Oriental debe ser preservado frente a proyectos que comprometen su conservación y biodiversidad.
