De la Encina reclama mejoras en las condiciones de trabajadoras y usuarios
La Diputación de Cádiz ha presentado once enmiendas al borrador de la nueva Orden Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Junta de Andalucía. El diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ha señalado que se han hecho con un “afán constructivo, positivo, buscando propuestas de mejora”, pero a la vez advierte que “elevaremos el tono y seremos muy críticos si la Junta de Andalucía no accede a mejorar la financiación y a dignificar las condiciones retributivas de las trabajadoras y, en consecuencia, del servicio que reciben las personas usuarias”.
Entre las medidas propuestas por la Diputación destacan las relativas al precio por hora que financia la Junta de Andalucía. En este sentido solicita como garantía para elevar su precio la realización de un estudio económico financiero por la Consejería competente para determinar su importe. Un coste que deberá contemplar necesariamente los gastos derivados de los convenios colectivos aplicables al sector, según reza en la enmienda.
Además la entidad provincial solicita una defensa de la profesionalidad de las trabajadoras que intervienen en la prestación de este servicio y que “tanto en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios como de la entidad prestadora del servicio, la ayuda a domicilio esté coordinada por trabajadoras o trabajadores sociales que cuenten con la titulación y formación correspondiente, en coordinación con el equipo interdisciplinar de referencia, para las tareas de planificación, gestión, organización y seguimiento del servicio”, y no se abra la puerta a personas que no cumplan estos requisitos.
Además, la Diputación de Cádiz es partidaria de que “la función de las personas auxiliares de ayuda a domicilio esté estrechamente supervisada por la persona trabajadora social responsable del proyecto”, según consta en una de las enmiendas.
Otra propuesta defiende que la asistencia a las personas reconocidas con los grados II y III recupere el número de horas que les correspondía antes de la aprobación del Decreto-Ley 20/2012, en lugar de compensarse con apoyos a las personas cuidadoras no profesionales, y que sea el sistema de dependencia quien asuma plenamente la atención de gran dependencia y dependencia severa, mientras que a la dependencia moderada se la ofrezca en colaboración con las corporaciones locales.
El diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ya trasladó el pasado año a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP, una batería inicial de nueve propuestas,en que la principal reivindicación era el aumento del precio que se paga por hora a los profesionales, mayoritariamente mujeres, que prestan el servicio. También propuso adaptar la nueva normativa a los requisitos de acreditación y de habilitaciones excepcionales y provisionales establecidos en la resolución de 10 de julio de 2018 y que se respetara la moratoria para la obtención del certificado de profesionalidad que permitiera que todo el personal auxiliar del SAD pueda acceder a las sucesivas convocatorias de acreditaciones. La FAMP ejerce su papel de interlocutora de las diferentes entidades locales de Andalucía ante la Junta para hacerle llegar las mejoras del texto definitivo.