La portavoz de IU, Carmen Álvarez, alerta sobre la fuerza con que está azotando la quinta ola del virus en los centros de El Puerto y Algeciras
La portavoz de Izquierda Unida en la Diputación de Cádiz, Carmen Álvarez, ha elevado hoy un ruego en el Pleno provincial solicitando a la presidenta, Irene García, que inste a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía y a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a que, “de manera urgente se alcance un consenso y se revisen los protocolos, se implementen medidas como la cuarentena obligatoria para los internos que vengan de permiso o tengan contactos con el exterior o bien la exigencia de un certificado Covid o test de antígenos para aquellas personas que quieran entrar en el recinto penitenciario como familias, personal voluntario de ONG, etc., para garantizar la salud del personal y los internos”.
La diputada provincial ha alertado de “la fuerza con que está azotando la quinta ola de la Covid-19 a las prisiones de la provincia en El Puerto y Algeciras”, donde se han registrado en las últimas semanas brotes de coronavirus entre los internos a pesar del alto porcentaje de reclusos vacunados. Según ha señalado Álvarez, “pese a las vacunaciones de reclusos, en las cárceles sin circulación local del virus, el riesgo de introducción del mismo en la prisión puede estar asociado con las personas recién admitidas, el personal penitenciario, los proveedores de servicios y los visitantes, que pueden estar infectados”, por lo que considera necesario que se establezcan controles más estrictos en los accesos.
“Las cárceles están siendo un reflejo de lo que ocurre con la enfermedad fuera de ellas -ha señalado la portavoz de IU-. Si hay oleadas en la sociedad, también se producen dentro de las cárceles y las personas encarceladas deben disfrutar de una atención de salud de calidad que sea por lo menos, equivalente a la disponible en la comunidad, y deben tener acceso a los servicios de atención de salud necesarios, sin discriminación por motivos de su condición jurídica”, incide.
Aprobadas mociones sobre sanidad y educación
Izquierda Unida ha logrado sacar hoy adelante las dos proposiciones defendidas por la diputada provincial, Carmen Álvarez, en relación a la situación actual de la asistencia sanitaria en los centros de Atención Primaria, así como sobre la subida de precios aprobada por el Gobierno andaluz para los servicios complementarios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares en la educación pública andaluza.
Así, de un lado, en la proposición relativa a la sanidad andaluza, ha quedado aprobado, con la abstención de PP y C´s, la petición de que la Diputación provincial adopten las medidas oportunas para que se recupere la atención personalizada y presencial entre profesionales sanitarios y pacientes en los centros de salud de Andalucía, procediendo a la reapertura de aquellos centros que se encuentren actualmente parcial o totalmente cerrados, dotándolos de equipamiento y de personal suficiente para prestar una asistencia sanitaria en su área de referencia. De igual forma, reclama el incremento de las plantillas de personal de los centros sanitarios, especialmente en la Atención Primaria, así como que se cubran las bajas, evitando la precariedad laboral y se destine la financiación suficiente para llevar a cabo campañas de concienciación entre la población a favor de la vacunación ante la Covid-19.
Por otro lado, la diputada provincial ha logrado el respaldo mayoritario del Pleno, con los votos en contra de PP y C´s, a la moción que pide a la Junta de Andalucía a asumir “la anunciada subida de precios de los servicios complementarios de la Educación Pública -servicios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares-, por ser una medida completamente fuera de contexto con el actual momento de crisis social y económica, una subida de precios a la que no pueden hacer frente los bolsillos de las familias trabajadoras”. Además, se insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a “emprender, de la mano del diálogo con los agentes sociales, un proceso de reversión de los servicios complementarios hasta ahora externalizados, para asumir su gestión directa”. “Se ataca a la conciliación, al tiempo que se pone de manifiesto que el modelo de externalización de los comedores escolares ha fracasado. Queremos cocinas in situ, buenas comidas para los niños y una gestión directa y pública que garantice la salud de nuestros escolares y la calidad del empleo”, puntualizó Álvarez.
Por su parte, el diputado de IU en el grupo Adelante, Hugo Palomares, ha intervenido a favor de esta proposición, indicando que “no es el momento de que las familias trabajadoras asuman esta subida, cuando aún no se ha salido de la pandemia” y ha incidido en la “mala calidad” de los servicios de comedor que ofrece la Junta en muchos colegios de la provincia, en los que se cuenta con multinacionales para prestar este servicio en lugar de empresas locales.