Apuesta por un concurso de méritos abierto y permanente para el personal funcionario que sea “real” y no dependa de la voluntariedad de la Administración
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha exigido que los procesos selectivos para la cobertura de puestos de trabajo en la Administración General de la Junta de Andaluza (AGJA) se resuelvan en un plazo máximo de un año desde su convocatoria, y no sólo que se agilice la fase final de los mismos, correspondiente al periodo que transcurre entre que se conoce el listado definitivo del personal que ha aprobado y obtenido plaza y su toma de posesión.
Así lo ha manifestado el presidente del Sector de la AGJA en CSIF, José Manuel Dorado, quien ha explicado que “no sólo debe acortarse dicha fase final, sino el proceso completo en general, de manera que no exceda de un año desde que sale la convocatoria del cuerpo del que se trate hasta la toma de posesión”. “Si únicamente se establece un plazo máximo de cuatro meses para la última fase del proceso seguiríamos asistiendo a un resultado perverso, con convocatorias que no se resuelven en años y en las que se agota el tope legal de tres ejercicios, como ocurre actualmente en muchos casos”.
De esta forma ha respondido CSIF al anuncio realizado por el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, sobre la modificación que ultima la Junta en relación al Decreto 2/2002, de 9 de enero, que establece el Reglamento general de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
En este sentido, la organización sindical ha considerado que “sería insuficiente que la agilización de los plazos se circunscribiera al periodo desde que salen los listados definitivos hasta que el personal toma posesión, cuando el grueso de la dilación en este tipo de procedimientos, que se eternizan, está en fases anteriores del proceso”, ha insistido Dorado.
Un servicio específico de procesos selectivos
Para hacer posible la resolución de las convocatorias en un máximo de un año, CSIF Andalucía propone que en el seno del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) se creen comisiones ex profeso y un servicio específico para procesos selectivos que esté asesorado por expertos del ámbito de los cuerpos de las plazas que se convoquen, de forma que fuese viable no dilatar en el tiempo este tipo de procesos en total más de un año.
Como ejemplo de que esto es posible, el responsable del Sector de la AGJA en CSIF ha puesto el de los procesos selectivos de Educación, en los que transcurre menos de un ejercicio entre la convocatoria y la toma de posesión del personal funcionario resultante.
Por otra parte, José Manuel Dorado ha apuntado que “la central sindical defiende un concurso de méritos abierto y permanente para el personal funcionario que sea real y no dependa de la voluntariedad de la Administración” y ha detallado que “el planteamiento de la Junta es establecer dicha modalidad de concurso de méritos abierto y permanente de manera preferente, pero no ordinaria, como creemos que debe hacerse”.
Según ha argumentado el responsable sindical, “la propuesta de CSIF pasa por que cada consejería, en función de sus necesidades, saque los puestos que necesita para que puedan optar a ellos todo el personal funcionario que lo desee, se cubran de forma definitiva y se vayan dejando de cubrir de forma provisional a través de la provisión por artículos 30”.
Sistema automático de baremación y comisión de valoración centralizada
“Un concurso de méritos abierto y permanente para el personal funcionario requiere de un sistema informático que permita una baremación prácticamente automática y de los recursos que serían necesarios para que ello sea viable”, ha indicado Dorado, quien ha añadido que este elemento no lo recoge la modificación del decreto que plantea la Junta.
Por último, desde el Sector de la AGJA en CSIF se aboga por la creación de una comisión de baremación centralizada desde Función Pública, “de manera que haya unidad de criterio a la hora de valorar los distintos méritos que se aporten por el personal funcionario. Así se evitaría, por ejemplo, que un mismo curso se tenga en cuenta y puntúe en una comisión de valoración de una determinada consejería y en otra no”, ha concluido el responsable sindical.