Podemos lamenta el nuevo caso de corrupción que recoge hoy la prensa y que afecta directamente al Servicio Andaluz de Salud. Asimismo exige explicaciones a la Junta de Andalucía, pues según la información publicada, han sido detenidos varios exaltos cargos del SAS por emitir presuntas facturas falsas de material ortopédico durante los años 2012, 2013 y parte de 2014. Entre los implicados, se encuentran el director y el exdirector gerente de los hospitales de Puerto Real y Puerta del Mar de Cádiz; los exdirectores económicos administrativos, una subdirectora de atención al usuario y varios médicos que ejercían en ambos centros hospitalarios durante los años investigados.
“Esto es una muestra de la sensación de impunidad que ha existido en la gestión de la Junta en los últimos años”, sostiene José Ignacio García, miembro del equipo provincial de Podemos.
Una noticia que se suma las últimas informaciones negativas publicadas por los medios como los recortes en personal y servicios, las deficiencias en infraestructuras o el aumento de las listas de espera.
Desde Podemos exigen “una investigación a fondo por parte de la Consejería de Sanidad y la asunción de responsabilidades políticas”.
Asimismo, José Ignacio García resalta que no se trata de un caso aislado de corrupción, sino que “es el aceite que engrasa un sistema que no consigue dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía”.
Desde Podemos urgen a abordar un debate sosegado en el Parlamento y en la calle. “Mientras que en el Parlamento PSOE y Ciudadanos bloquean un debate sobre Sanidad y en la calle se niegan a dialogar con las plataformas ciudadanas, desde Podemos instamos a la Junta a que se siente con los actores políticos, con los sindicatos,con las plataformas ciudadanas y con las asociaciones de pacientes»
En la formación morada exigen transparencia y que, de una vez, se ponga fin a la opacidad: “Este caso de facturas falsas se suma al que conocimos recientemente sobre las donaciones opacas que los laboratorios privados hacían a empresas públicas de sanidad de Andalucía, un asunto en el que aparecía el nombre del ya exviceconsejero de Sanidad, Martin Blanco”.
Por último, recuerdan que mientras el edificio de radioterapia de Jerez sigue sin abrirse y sufren la falta de pediatras en el hospital de La Línea que obliga a trasladar a niños y niñas a Málaga, “tenemos que aguantar casos de corrupción en la sanidad de nuestra provincia”.
La Consejería de Sanidad se justifica
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales quiere manifestar en torno a la denominada por la Guardia Civil ‘Operación Venel’, que ha sido posible con el trabajo de la Inspección de los Servicios Sanitarios de esta delegación, quien, a su vez, fue alertada por los propios hospitales universitario de Puerta del Mar y de Puerto Real de una serie de irregularidades en torno a la facturación de la prestación ortoprotésica a sus usuarios.
Es en octubre de 2013, cuando la Dirección Económica Administrativa del centro portorrealeño solicita a la Inspección de Servicios Sanitarios de la Delegación una investigación relativa al campo de la ortoprótesis de los hospitales de Cádiz y Puerto Real, en virtud de un acuerdo de colaboración entre ambos para este tipo de actuaciones.
Como consecuencia de la actividad inspectora en el Hospital de Puerto Real se elaboraron dos informes, uno de 3 de junio de 2014, en el que se señala una serie de irregularidades consistentes en una facturación por parte de una ortopedia, lo que supuso, entre otras actuaciones, la tramitación de un expediente sancionador a cuatro trabajadores del centro. Dichos expedientes, iniciados por la propia Dirección Gerencia del hospital, fueron paralizados, como es preceptivo, una vez que se inicia el procedimiento judicial.
Posteriormente, el 1 de octubre de ese año se realiza una ampliación del informe previo, que extiende las irregularidades a otras ortopedias, tanto de la provincia como de Andalucía. Inicialmente, las irregularidades se pusieron en conocimiento de la Policía Nacional de San Fernando; posteriormente, el 21 de abril de 2015 se remitió un escrito a la Fiscalía Provincial de Cádiz. Fue el 16 de mayo de 2016 cuando la Guardia Civil inició la investigación judicial y, desde entonces, la Inspección ha colaborado hasta la conclusión del caso.
Por todo ello, cabe resaltar, que la Dirección Gerencia y el equipo del Hospital Universitario de Puerto Real han permitido detectar y poner en conocimiento de la Inspección de Servicios Sanitarios las supuestas irregularidades y actuar contra los causantes, incoando expedientes sancionadores a los cuatro trabajadores que detectó que supuestamente estaban implicados en el fraude.
En este sentido, tanto miembros de la anterior Dirección Gerencia como de la actual, han acudido a declarar en calidad de intervinientes, conocedores del caso y denunciantes del mismo, como en cualquier otra investigación.