El Colegio de Abogados de Cádiz reivindica el papel de los abogados de oficio, reclamando la mejora de las condiciones laborales para su ejercicio y el incremento de las retribuciones
Como cada año la Abogacía Española celebra hoy 12 de Julio el Día de la Justicia Gratuita, coincidiendo con el aniversario de la entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. “Es una magnífica ocasión para reivindicar ante la sociedad, el trabajo ejemplar que realizan cientos de abogados y abogadas de nuestro colegio, del que debemos sentirnos orgullosos, así como la necesidad de que las Administraciones Públicas valoren nuestro trabajo, mediante una retribución digna, y que los Tribunales reconozcan nuestra labor facilitándonos nuestro trabajo para el correcto desempeño de tan alto cometido, consustancial en el principio de igualdad en el acceso a la tutela judicial efectiva”.
En palabras de Pascual Valiente, Decano del Colegio, este año además hemos querido reivindicar nuestro papel fundamental en el Estado de Derecho, reclamando de las Administraciones competentes la mejora de unas retribuciones claramente insuficientes, así como manifestar nuestra protesta por el evidente deterioro por la administración de Justicia, en la atención a los profesionales y a la ciudadanía en general, con la excusa de la pandemia más de dos años después.
Por ello, la Junta de Gobierno junto con la abogacía gaditana convocada ha asistido a una concentración que ha tenido lugar ante la sede de los juzgados de San José. De igual modo, dicha concentración se ha dado en la sede Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de los partidos judiciales de San Fernando, Chiclana, Algeciras, La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, y Arcos de la Frontera.
El Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, a través de su decano, Pascual Valiente, de igual modo, ha informado de los datos relativos al turno de oficio con motivo de la conmemoración este próximo 12 de julio del Día de la Justicia Gratuita.
Al respecto, cabe incidir que en el ejercicio 2021 un total de 828 abogados gaditanos, 443 hombres y 385 mujeres, prestaron asistencia en el Turno de Oficio a lo largo de 2021 y atendieron a 47.943 casos, de Penal, Civil, Contenciosos-Administrativo, Social y otros. De Violencia de Género, atendieron 2.494 casos y de Extranjería, 8.393 casos. Así, se recibieron un total de 31.750 solicitudes por parte del ciudadano o juzgado. En cuanto al número de asistencias realizadas dentro del Servicio de Guardia, se han contabilizado 18.690.
“La justicia gratuita es fundamental en un Estado como el español, que se define constitucionalmente como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores fundamentales de su ordenamiento jurídico la Justicia, la Libertad y la Igualdad, junto al pluralismo político. Son los abogados del turno de oficio los que, con su buen hacer, garantizan el derecho de defensa de los ciudadanos más desfavorecidos, como manifestación de la función social de una abogacía comprometida”, sostiene Valiente.
De igual modo, también se procedió a realizar un acto de reconocimiento a los compañeros más antiguos en el Turno de Oficio de cada Delegación.
Los homenajeados en este acto son los siguientes:
Cádiz
Dª CARMEN MEDINA LAPIEZA
D. RAFAEL HUERTAS CALZADO
Arcos/Ubrique
D. MIGUEL SALAS JAÉN
D. JOSÉ APRESA GÓMEZ
Chiclana/Barbate
D. ANTONIO MELÉNDEZ BUTRÓN
D. ANTONIO MORENO ARAGÓN
El Puerto de Santa María/Puerto Real
D. FRANCISCO HERNÁNDEZ LEYTON
D. JUAN JOSÉ PASTOR NAVARRO
Sanlúcar de Barrameda/Rota
Dª Mª DEL CARMEN BENÍTEZ REYES
D. JUAN EDUARDO MOREIRA PÉREZ
San Fernando
Dª. DOLORES MUÑOZ LEONICIO
D. ENRIQUE MANUEL FABREGAS SEGUI
La Línea/San Roque
Dª. Mª ISABEL OLIVA RINCÓN
Dª. Mª ANTONIA PIÑEL LÓPEZ
Algeciras
Dª. MARTA SANCHO LORA
D. JOSÉ DE LA HERA OCA
LECTURA DEL MANIFIESTO “POR UNA JUSTICIA ABIERTA A LOS ABOGADOS Y CIUDADANOS”
Hoy, 12 de julio de 2022, la Abogacía Española celebra, como todos los años en esta fecha, el Día de la Justicia Gratuita, haciendo un llamamiento a todos nuestros compañeros para conmemorar la altísima función de defensa de la ciudadanía que la Constitución Española confiere a los Abogados, como expresión de la función social de una profesión comprometida con nuestra sociedad, como lo han demostrado de manera ejemplar todos los Abogados en los difíciles momentos vividos desde la declaración de la pandemia, cumpliendo un servicio esencial para la ciudadanía, salvaguardando sus derechos en una situación tan excepcional como la que nos ha tocado vivir.
Por eso, queremos aprovechar este acto conmemorativo para reivindicar el papel fundamental de todos los Abogados de Oficio, por la función que desempeñan en el seno de un Estado como el español, que se define constitucionalmente como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y la igualdad; ni la libertad, ni la justicia, ni la igualdad estarían garantizadas si no se salvaguarda el derecho de los ciudadanos -de todos ellos, especialmente de los que carecen de recursos para litigar- a la defensa por un Abogado de sus derechos y de sus libertades ante los Tribunales de Justicia.
Reivindicamos que las compensaciones económicas a los Abogados de oficio estén a la altura de la altísima función que desempeñamos, que se incrementen los Baremos, que se actualicen los módulos anualmente (no se hace desde el año 2009) y que se incluyan en el Baremo todas las actuaciones procesales.
Pero hoy no sólo nos concentramos para reivindicar estas mejoras que en justicia nos corresponden; lo hacemos también en esta fecha para protestar pública y colectivamente por las graves consecuencias que para la Abogacía está suponiendo la pandemia más de dos años después, que está siendo utilizada como pretexto para limitar derechos fundamentales de los ciudadanos cuya defensa compete a los Abogados.
Esta situación debe ser corregida de inmediato para evitar los efectos perniciosos que durante este tiempo se han venido produciendo, el grave deterioro de la atención a los profesionales y a los ciudadanos en todas las Administraciones, especialmente grave cuando afecta a la Administración de Justicia, en la que han sido constantes los obstáculos que hemos venido padeciendo para el acceso a las sedes y oficinas judiciales, pese a que desde la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz hemos venido reclamando permanentemente la eliminación de las barreras para poder recibir la atención personal y presencial necesaria, obstáculos que se han instaurado en nuestra labor cotidiana en los Juzgados y Tribunales, encontrando cada vez más dificultades en el desempeño de nuestro trabajo como Abogados en defensa de nuestros clientes, que afectan muy negativamente a la dignidad de nuestra actividad profesional.
Elevamos nuestra voz para que la sociedad conozca que la Administración de Justicia, los Juzgados y Tribunales, nos han puesto muy difícil a los Abogados el desempeño de nuestra actividad profesional cerrándonos sus puertas, y, de este modo, cerrando sus puertas también a la ciudadanía, porque no se puede olvidar que somos los Abogados quienes articulamos las pretensiones de los ciudadanos ante los Tribunales, somos su voz, somos los que les acompañamos en el Juzgado, los que velamos por sus intereses, los que defendemos sus derechos y libertades, los que pedimos justicia en su nombre.
Y nos hemos encontrado las puertas cerradas, con un mostrador vergonzante colocado en las puertas de las oficinas judiciales impidiendo el paso a los profesionales, teniendo que soportar restricciones impuestas arbitrariamente, sin sujeción a norma alguna, por los diferentes órganos judiciales para el acceso de los profesionales a las sedes judiciales, exigiéndonos cita previa, tener que justificar el motivo de su presencia en el Juzgado o esperar en la calle, lo que constituye un gravísimo ataque al derecho de defensa y la dignidad del ejercicio profesional de la Abogacía que resulta intolerable.
Los Abogados somos parte esencial de la Administración de Justicia, no unos meros colaboradores -como desgraciadamente piensan todavía desde algunos sectores del poder judicial- y defendemos en los Tribunales el interés más digno de protección, el interés de los justiciables, de los ciudadanos, que son los destinatarios de la acción de la Justicia; cualquier medida que limite o restrinja el acceso de los Abogados a las sedes judiciales lesiona injustamente los legítimos derechos e intereses de los Abogados en el desempeño de su actividad profesional, que debe realizarse con absoluta libertad e independencia, sin tener que dar cuenta alguna a los Juzgados y Tribunales del interés concreto que motiva su presencia en las sedes judiciales, que no es otro que la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, que no se puede coartar restringiendo la actividad de sus Abogados.
Una de las consecuencias que ha tenido la pandemia ha sido la pérdida de derechos y libertades de los ciudadanos, que lamentablemente perdura en el tiempo desde la declaración del estado de alarma, hace ya 28 meses, pese a las llamadas a la normalidad de nuestros gobernantes, que ha supuesto una peligrosa normalización de la pérdida de derechos; se ha normalizado que los ciudadanos no puedan acceder a la Administración a hacer valer sus derechos, se ha normalizado que los ciudadanos tengan que esperar en la calle sin poder acceder a una oficina de la Administración Pública, se ha normalizado que tengan que pedir una cita previa que no es atendida a tiempo, se ha normalizado que los ciudadanos sean atendidos de pie, en pasillos, sin el respeto que merecen.
La pandemia ha pasado de ser la causa (no justificada) al pretexto utilizado por la Administración, por todas las Administraciones, para limitar los derechos de los ciudadanos, los derechos que nuestras leyes les confieren.
Los gobernantes reclaman normalidad pero mantienen las puertas cerradas de la Administración a los ciudadanos, impidiéndoles el legítimo y efectivo ejercicio de sus derechos a través de sus Abogados.
La calidad del Estado democrático de Derecho se mide no sólo por la existencia de un régimen jurídico amplio que proteja los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino por la efectividad de su ejercicio a través de los Abogados, que ha sido claramente puesto en cuestión por todas las Administraciones en general y por la Administración de Justicia en particular.
Lo que caracteriza un Estado democrático de Derecho es la posibilidad que tiene la ciudadanía de hacer valer sus derechos y libertades frente a los poderes públicos, frente a las Administraciones; eso es lo que diferencia a los ciudadanos de los súbditos, pero lamentablemente todas las Administraciones, también la Administración de Justicia, les han dado la espalda, les han cerrado sus puertas.
Por eso hoy, protestamos, pedimos, reclamamos, exigimos que las puertas de la Administración, especialmente de la Administración de Justicia se abran de par en par a los Abogados y a los ciudadanos, y que no se vuelvan a cerrar nunca más.