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Las ayudas a los seguros agrarios en Andalucía alcanzan los 16,6 millones y cubrirán pólizas de 2025

Redacción 11 agosto, 2026 4 minutos de lectura

Agricultores, ganaderos, titulares de explotaciones forestales y piscifactorías de Cádiz podrán acogerse a las ayudas a los seguros agrarios en Andalucía, con límites generales de 5.000 euros por póliza y 9.000 por beneficiario.

La Junta de Andalucía ha elevado a 16,6 millones de euros el presupuesto destinado a subvencionar seguros agrarios en la comunidad. La nueva convocatoria incorpora 1,1 millones con cargo al ejercicio de 2026, aunque las ayudas sufragarán parte de las pólizas contratadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La medida puede beneficiar a titulares de cultivos, explotaciones ganaderas y forestales y piscifactorías situadas en la provincia de Cádiz, siempre que cumplan los requisitos establecidos. La información difundida por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural no detalla cuánto dinero se asignará específicamente a la provincia ni el número estimado de beneficiarios gaditanos.

La convocatoria está recogida en una orden fechada el 28 de julio de 2026 y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Abarca las modalidades incluidas en los planes 45.º y 46.º de Seguros Agrarios Combinados.

Las subvenciones autonómicas complementan las concedidas por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). Por tanto, para acceder a ellas será necesario haber recibido previamente la ayuda estatal vinculada a la contratación del correspondiente seguro agrario combinado.

Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles sin personalidad jurídica que tengan cultivos, ganado, explotaciones forestales o instalaciones acuícolas en Andalucía. La póliza deberá estar amparada por la legislación estatal de seguros agrarios y haberse formalizado dentro del periodo correspondiente.

La convocatoria excluye las pólizas suscritas por asegurados que tengan la condición de Administración pública. Tampoco podrán recibir la subvención las empresas, sociedades o asociaciones cuya actividad principal no sea la producción agraria, forestal o acuícola, ni las compañías que no tengan la consideración de pequeña o mediana empresa.

Los interesados no tendrán que presentar una solicitud independiente. La formalización de la póliza por parte del asegurado, o del tomador en su nombre, será considerada como solicitud de la ayuda, siempre que la contratación se haya realizado dentro de los plazos fijados en los planes cubiertos por la convocatoria.

En las líneas agrícolas y forestales, así como en las ganaderas y acuícolas, la aportación de la Junta será equivalente al 50% de la subvención concedida por ENESA. Este cálculo también se aplicará a los seguros para la retirada y destrucción de animales muertos.

La cuantía tendrá un límite máximo de 5.000 euros por póliza y de 9.000 euros por beneficiario. En el caso de seguros contratados por organizaciones de productores y cooperativas, la ayuda autonómica será del 25% de la aportación estatal, con un máximo de 25.000 euros.

El importe podrá incrementarse un 10% cuando el NIF que aparezca como contratante esté inscrito en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias de Andalucía. Este aumento no permitirá superar los límites máximos establecidos para cada modalidad.

La Administración autonómica trabaja desde 2024 en un cambio del sistema de abono. El objetivo es sustituir el pago posterior —que, según la Consejería, podía demorarse cerca de un año desde la contratación— por un descuento directo en el recibo de la prima.

Ese importe sería adelantado por la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro), de acuerdo con el convenio suscrito con la Consejería. La documentación difundida no concreta cuándo quedará implantado plenamente este sistema para todos los beneficiarios.

Los seguros cubiertos por estas ayudas están destinados a reducir el impacto económico de episodios meteorológicos, riesgos naturales y otros daños sobre las explotaciones. La convocatoria afecta al conjunto de Andalucía y no establece en la información publicada una distribución previa del presupuesto por provincias.