El partido verde cree que esta decisión marca el signo político que va a llevar el nuevo Gobierno de Moreno Bonilla, apoyado en VOX, y afirma que las firmas estarán en plazo en el Parlamento.
Verdes EQUO ha querido dejar claro su apoyo a la ILP para una bajada de la ratio en la escuela pública andaluza, promovida por USTEA y apoyada por distintos partidos, sindicatos y AMPAS de toda Andalucía, justo en el momento en que la Mesa del Parlamento ha decidido no prorrogar el plazo para la recogida de las firmas necesarias para que llegue a debatirse en sede parlamentaria.
“Hemos apoyado esta iniciativa desde primera hora, afirma Mar González, coportavoz del partido en Andalucía, y no esperábamos esta decisión de la Mesa del Parlamento que, además, no tiene precedente en toda la etapa democrática. Es lamentable, continúa, que quien más debería esforzarse en defender un servicio público básico, como es la educación, se empeñe en atacar cualquier iniciativa que busque su mejora y la garantía de su calidad”
El partido verde cree que esta decisión marca claramente la línea política del nuevo ejecutivo andaluz que pasa por una acción de “apisonadora” sobre cualquier iniciativa ciudadana, basándose, incluso sin necesitarlo, en el apoyo expreso de la ultraderecha de VOX.
Verdes EQUO ha dejado claro que seguirán luchando por conseguir de manera online las firmas necesarias, junto al resto de organizaciones y asociaciones implicadas, y que van a animar a su militancia y simpatizantes a firmar por una propuesta que es básica para la educación como es garantizar unas cifras de ratio que garanticen una atención y una labor de calidad para profesorado y alumnado. Del mismo modo animan a toda la ciudadanía andaluza a firmar desde la página de la ILP: https://bajadaderatioya.org/
Manuel Pérez, docente jubilado y coportavoz de Verdes EQUO Andalucía, ha declarado, “resulta penoso que sea el propio gobierno andaluz el que tire piedras sobre el tejado de la educación pública, cuando le corresponde a él precisamente su defensa y la garantía de su calidad, pero han decidido que la educación va a ser, como otros servicios y en otras comunidades, una oportunidad de negocio para algunas empresas que tienen muy cercanas, aunque ello conlleve poner en peligro el derecho a la educación, garantizado en nuestra Constitución”